El 19 de febrero de 2006 ocurrió el derrumbe de una mina en Coahuila, que dejó sepultados los cuerpos de 65 hombres. El consorcio IMMSA, el sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia y el gobierno federal sabían que las condiciones del filón no hacían recomendable trabajar en él. Documentos hechos llegar a Proceso muestran ahora que esas tres instancias incluso firmaron un convenio que le abría la puerta del socavón a una contratista, con beneficios económicos a trasmano para la organización sindical y la compañía de Germán Larrea. Es decir que empresa, gremio y gobierno federal –a partes iguales– fueron cómplices en la tragedia de Pasta de Conchos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por 500 mil pesos para el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, pagados por Industrial Minera México (IMMSA), y teniendo como testigo a un subsecretario federal, se permitió que continuaran los trabajos en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, aun cuando las tres partes sabían de las pésimas condiciones de seguridad que prevalecían en el filón que acabó por derrumbarse en febrero de 2006.
Nuevos documentos, obtenidos por el colectivo de deudos Familia de Pasta de Conchos, evidencian también que, mediante un convenio, empresa, sindicato y gobierno formalizaron en enero de 2006 un “contrato de protección”, a cambio de 15 mil pesos y alrededor de 700 pesos diarios para el gremio que dirige Gómez Urrutia.
Los efectos de ese convenio se perpetúan en las bajas pensiones para las familias de los mineros fallecidos, pues la mayoría eran empleados de la contratista General de Hulla, que les pagaba 83 pesos diarios. Eso se tradujo en menos de 2 mil pesos mensuales para cada una de las 36 viudas de los trabajadores subcontratados.
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Lejos de la posición crítica asumida por Gómez Urrutia después de la tragedia minera y el inicio de la persecución judicial que contra él impulsó el gobierno de Vicente Fox, un mes antes de que la mina se colapsara provocando la muerte de 65 trabajadores, IMMSA convino pagarle al sindicato minero esa “conciliación” por aceptar que una empresa contratista ingresara al filón con el pretexto de realizar trabajos de mantenimiento y que en realidad eran de extracción carbonera. Llevaban 12 años haciéndolo.
Lo que IMMSA –subsidiaria de Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco– y el sindicato de Gómez Urrutia pactaron fue que la empresa contratista General de Hulla, propiedad de Fernando de la Fuente Cepeda, cobrara 300 pesos diarios a cada uno de los 100 trabajadores subcontratados; que 4% de ese ingreso sería enviado por IMMSA al sindicato, de manera que serían 700 pesos diarios, para un aproximado de 21 mil 600 pesos al mes, la mayor parte destinados al comité nacional sindical.
La cantidad parecería irrisoria de no ser porque un trabajador ganaba la décima parte de lo que percibía el sindicato. Durante los días que siguieron al accidente, Proceso recuperó testimonios de trabajadores sobrevivientes y familiares de los fallecidos, que aseguraron por separado que ganaban 80 pesos diarios, es decir, 11% de lo que diariamente ingresaba el sindicato.
Entre los sindicalizados y los subcontratados la diferencia salarial era notable. Un informe (del que Proceso tiene copia) enviado en junio de 2006 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al entonces diputado Lucio Galileo Lastra, que presidía la comisión especial de Pasta de Conchos en el Congreso, demuestra que, mientras los trabajadores sindicalizados ganaban un promedio de 190 pesos diarios, los del contratista General de Hulla ganaban 83 pesos al día.
Lo que se pactó en el convenio fue que el contratista se quedaba con 214 pesos por trabajador; esto es 21 mil 400 pesos diarios.
Además el convenio, al describir las obras que realizarían los contratistas, contradecía la cláusula segunda, que limitaba los trabajos subcontratados a labores de mantenimiento, mientras que el Anexo 1 del documento, establecía en la relación de trabajos que la empresa contratista operaría “un minero continuo en desarrollo”. El minero continuo es una máquina que avanza rompiendo las paredes de roca. Sin embargo, así lo firmaron empresa, sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Para admitir a los contratistas, la STPS atestiguó el acuerdo obrero-patronal, con la presencia y firma del foxista subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Emilio Gómez Vives, y sus colaboradores.
Por el sindicato firmaron los colaboradores más cercanos de Gómez Urrutia en el comité nacional: el entonces secretario de Asuntos Políticos, Carlos Pavón; Baltazar Zárate, delegado especial del sindicato; José Ángel Rocha, secretario del Interior, Exterior y Actas; y el dirigente de la Sección 13, Óscar Flores Ortiz.
Por IMMSA firmó el presidente de la empresa, Xavier García de Quevedo; el director de Operaciones, Arturo Bermea Castro, además del gerente de la mina, Rubén Escudero Chávez, entre otros ejecutivos.
El instrumento jurídico instruye el registro en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para darle solidez jurídica, y se formalizó en la Ciudad de México el 19 de enero de 2006, justo un mes antes de la tragedia minera que enlutó la región carbonífera de Coahuila, dejó 64 viudas y más de 160 huérfanos, pero no tuvo más que consecuencias económicas menores pues a todos los expedientes abiertos por esos hechos se les dio carpetazo.
La complicidad.
“Un sindicato honesto habría pactado mejores condiciones aun para los trabajadores del contratista, pero esta es una forma novedosa de contrato de protección, en la que abierta y descaradamente cobra (el sindicato) por no proteger y no defender a los trabajadores, mientras Grupo México le paga como si fueran las cuotas sindicales que no va a recibir por no sindicalizar. Es el colmo del cinismo”, dice Rodrigo Olvera, integrante de Familia de Pasta de Conchos, que consiguió el documento.
Agrega: “Es como cobrar derecho de piso por no sindicalizar y que el gobierno lo legitime. Esto pone en evidencia el supuesto nuevo sindicalismo de Gómez Urrutia. Un vez más queda en evidencia ese sindicato corrupto”.
Y es que el convenio, hasta ahora desconocido, se suma a la ya documentada connivencia de empresa y sindicato, que mantuvieron los trabajos a pesar de las numerosas deficiencias identificadas en diferentes inspecciones desde el año 2000 (Proceso 1530).
Desde una inspección realizada en 2000, las condiciones inseguras se habían documentado por la STPS y al año siguiente la delegación de la dependencia en Coahuila había emitido el Emplazamiento 06/2001 contra la mina, por incumplir diferentes ordenamientos y normas, instruyendo 32 observaciones, entre las cuales destacaban la falta de inhibición de explosividad, de metanómetros para medir el gas en el ambiente y la descompostura del paro de emergencia.
Esas condiciones motivaron que desde 2001, los trabajadores se quejaran de la “condición sofocante”, según se asentó en la verificación (oficio 649). La sensación de asfixia es frecuente en las minas cuando hay saturación de metano, algo que los mineros llaman “mina gaseosa”. Una vez más se emplazó a la empresa, que tenía 10 días para cumplir con las observaciones.
Sin embargo, el 1 de julio de 2002 dichas observaciones se repitieron e incrementaron a 53, con 20 días hábiles para cumplir. Un año después, de acuerdo con el expediente N.C. 204 faltaban 11 medidas por cumplir.
En el historial de las inspecciones jamás se documentó en esos años que hubiera Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, por lo que se ignora si existió.
Para la inspección del 19 de julio de 2004, la integración de dicha Comisión ya aparece en actas, pero las cosas fueron peores. De acuerdo con los registros del IMSS, casi todos los 118 trabajadores registrados por la empresa sufrieron algún accidente ese año, pero no fue hasta el 8 de julio de 2005 cuando la STPS emplazó a la empresa a cumplir en 20 días con las observaciones registradas en la inspección de un año antes.
La comprobación del cumplimiento se efectuó el 7 de febrero de 2006 (expediente 125/001046/2005): se seguían incumpliendo 34 medidas. Doce días después ocurrió el colapso. Hasta entonces el sindicato jamás se inconformó, no intervino por sus trabajadores y mucho menos por los subcontratados; por el contrario, ratificó el citado convenio.
La madrugada del 19 de febrero los mineros planeaban un paro de brazos caídos, sin sindicato de por medio, por las condiciones inseguras cuando los sorprendió el estallido, según dijeron días después del accidente Ervey Flores y Marco Antonio Contreras, dos de los sobrevivientes.
Diez años después.
Una mujer que vive en la villa mineral de Palaú, ahora es pepenadora. Rebusca a diario entre la basura algún objeto que pueda ser reutilizado y vendible, pues la pensión inferior a 2 mil 400 pesos mensuales que se le asignó por la muerte de su esposo –trabajador de la contratista General de Hulla en Pasta de Conchos–, no le alcanza para vivir. La Familia de Pasta de Conchos pide omitir su nombre para no revictimizarla.
Elvira Martínez, viuda del minero sindicalizado Jorge Vladimir Muñoz, tiene tres hijos. Su pensión es apenas superior a 3 mil 300 pesos, y es de las que mejor cotizaron, luego de ampararse contra la primera pensión de 2 mil 400 pesos.
El 25 de febrero de 2006, cuando el presidente de IMMSA, Xavier García de Quevedo, y el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, declararon que no había condiciones de vida en el interior de la mina, el primero prometió el pago por tres turnos diario a las familias hasta que se rescataran los cuerpos de los trabajadores.
Durante un año los mineros cotizaron, muertos, al IMSS, pero el 2 abril de 2007 Grupo México anunció la suspensión de búsqueda de cuerpos con base en el polémico Informe Wooton, el cual afirmaba se desataría una epidemia de salmonelosis, tuberculosis, hepatitis C y sida si se seguía trabajando en el filón (ninguna causa admitida por la Organización Mundial de la Salud encuadra con las condiciones de la mina). Así, la empresa suspendió el pago de tres turnos y la cotización al IMSS.
Fue el mismo Wooton quien dictaminó ante el forense local que los trabajadores estaban muertos y, por órdenes del entonces gobernador Humberto Moreira, se emitieron las actas de defunción con fecha de 19 de febrero de 2006.
La maraña resultó en perjuicio de las familias, pues aunque los trabajadores cotizaron en el IMSS durante un año con el triple de su salario, a la hora del cálculo pensionario se tomaron como base las actas de defunción del 19 de febrero de 2006. Nada hizo el sindicato al respecto.
Gómez Urrutia huyó del país el 24 de febrero de 2006. La última vez que se le vio en México fue cerca de Pasta de Conchos, cenando en un restaurante de cortes finos. Desde entonces vive en Canadá y mantiene una activa agenda de relaciones públicas con gremios internacionales, mientras dirige desde su exilio el sindicato minero.
Carlos Pavón, el hombre de confianza de Gómez Urrutia en los tres años que siguieron a la tragedia, fue detenido el 4 de diciembre de 2008. Pasó unos meses en prisión por una denuncia del magnate Alonso Ancira Elizondo y cuando salió, se convirtió en el principal opositor a Gómez Urrutia. Luego fundó un nuevo sindicato minero que agrupa principalmente a los trabajadores de Grupo Peñoles.
Xavier García de Quevedo sigue siendo presidente de IMMSA.
En tanto, el exsubsecretario de Trabajo, Emilio Gómez Vives, fue asesinado el 3 de abril de 2014. Lo degollaron en su casa en la Ciudad de México. Su hijo, Mauricio Gómez Vives denunció que en repetidas ocasiones su padre había recibido amenazas de Gómez Urrutia quien, a su vez, lo denunció por falsedad de declaraciones.
Respecto al contratista, Javier de la Fuente, murió por causas naturales a mediados de 2011.