Sin las aportaciones estatales completas, en los últimos años la institución ha sobrevivido “intubada”, con el “oxigeno” del dinero de las Cuentas Individuales de los trabajadores activos y algunas aportaciones federales.
Siempre basados en información oficial, en distintas ocasiones y espacios hemos dado a conocer las deudas que los patrones tienen con la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación de Coahuila (DIPETRE). Varios son los medios de comunicación que han aludido también a la grave situación que prevalece en este sistema pensionario. La propia Auditoría Superior del Estado (ASE) ha dado cuenta del déficit que hay en este aspecto de la seguridad social del magisterio estatal, en el que se agrupan pensionados de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Ya en otro espacio me referí al tema señalando que la situación es delicada, sin duda, pero por otro lado es más grave aún la deliberada estrategia que desde hace tiempo ha seguido el Gobierno del Estado al dar un sesgado énfasis mediático hacia lo “insostenible” de este sistema de pensiones, lo “gravoso” que resulta para el erario el pago de los pensionados y jubilados y la insistencia en el “riesgo de quiebra”, un concepto inaplicable tratándose de una entidad pública (DIPETRE) obligada a respetar y proteger un derecho social. La responsabilidad que tienen los patrones como aportantes obligados por la Ley no puede eludirse. Los sistemas de seguridad social no pueden quebrar, no son una empresa privada; el Gobierno es el garante obligado para proteger a todos sus trabajadores en ese rubro.
La gravedad del problema está en lo que el propio Gobierno Estatal intenta soslayar y que pocos medios se han atrevido a evidenciar y destacar explícitamente: las millonarias deudas de los patrones ante la DIPETRE, que según lo reportado por la institución en su último informe financiero, ascienden a más de $4,500,000,000.00 (cuatro mil quinientos millones de pesos), destacando el Gobierno del estado como el mayor deudor con más de $3,691,000,000.00 (tres mil seiscientos noventa y un millones de pesos, incluyendo los intereses moratorios y por rendimientos que corresponden a préstamos obtenidos de las Cuentas Individuales de trabajadores activos, para poder cubrir la nómina de pensionados); le siguen la UAdeC con más de 400 millones y la UAAAN con más de 261 millones, pero también adeudan a la DIPETRE instituciones como el Seguro del Maestro, el Servicio Médico y el Fondo de la Vivienda sumando entre las tres más de 69 millones de pesos. (Información reciente difundida por medios de comunicación nacionales refieren el reporte de la SEP a la Cámara de Diputados, en el que se menciona la suma de 704 millones de pesos que el Gobierno de Coahuila también debe a la UAdeC, lo cual explicaría a la vez el adeudo de ésta ante DIPETRE: https://www.forbes.com.mx/economia-7-universidades-estatales-en-crisis-financiera/).
Desde hace varios años, los estados financieros de la institución han registrado los cada vez más crecientes adeudos de cada entidad aportante. Vale decir que en ese registro se han venido plasmando, cada vez con mayor especificación, los conceptos, porcentajes, antigüedad y cantidades correspondientes a cada deudor. Resultado de ello, es la relevante descripción del historial del faltante de las aportaciones, no solo del Gobierno del Estado y las universidades, sino de las mismas instituciones de seguridad social ya mencionadas, que también han ido dejando de pagar a DIPETRE lo que la Ley respectiva les obliga.
Un dato significativo es el que se da a conocer en el informe financiero del 4° y último trimestre de 2021, que describe la situación económica anual del año pasado y comparativamente refiere la del 2020, en el que la DIPETRE incluye información relevante sobre las cantidades que se suman a los adeudos por concepto de intereses (más de 736 millones de pesos), particularmente por los préstamos que la denominada Cuenta Institucional del Estado- Sección 38 ha obtenido del fondo de Cuentas Individuales (que también administra DIPETRE) para poder cubrir las pensiones en curso, ello de acuerdo a la tasa de rendimiento establecida con toda precisión en la Ley desde hace años, pero cuyo cálculo y registro no se había realizado, sino hasta el año pasado. Al respecto conviene recordar que ante la falta de las aportaciones del Gobierno del Estado, para poder completar el pago a los actuales pensionados, la Cuenta Institucional Estado-Sección 38 de la DIPETRE ha tenido que recurrir al patrimonio de los trabajadores activos, no obstante que es un recurso que no debería ser destinado para ello y aunque sea legal, es indebido, pues como dice la propia institución en las páginas 67 y 68 de las aludidas Notas:
“Por otra parte se informa que si bien el 6.5% y el 9% de cuota y aportación que recibe la Dirección de Pensiones por parte de las entidades aportantes, bajo el amparo del artículo 22 de la Ley de Pensiones aprobada en fecha 27 de diciembre de 2017, esta entidad utiliza los recursos de las cuentas individuales para financiar el pago de las pensiones en curso, aún y cuando este 6.5% y 9% no se encuentran dentro del presupuesto de ingresos de la Dirección de Pensiones aprobado para el ejercicio 2021, es decir, no son propiedad de la Dirección de Pensiones ni forman parte de su patrimonio, sino del trabajador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 Bis Fracción I y 14 de la Ley de Pensiones vigente.”
Otros recursos para completar el pago de las pensiones, han venido de apoyos federales extraordinarios que ha recibido Coahuila a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y aunque el Gobierno del Estado se ha empeñado en construir mediáticamente la idea de la falta apoyo de la federación para la seguridad social, en los últimos 3 años han ingresado a la DIPETRE, provenientes del FAFEF, $1,291,459,983 (Mil doscientos noventa y un millones, cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos), cantidad que según se dice en los informes financieros institucionales, se ha destinado a “cubrir el pago de la nómina bruta y neta de pensionados de nivel básico y homologado adscritos a la Cuenta Institucional de la Sección 38…”. Por cierto, esta suma de aportaciones federales es casi similar a la registrada en las 16 denuncias penales que ha presentado la ASE por el daño patrimonial a las instituciones de seguridad social del magisterio estatal: mil trecientos millones de pesos, sobre lo que el Gobierno del Estado, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción omiten dar información, esgrimiendo toda suerte de pretextos y justificaciones.
Así las cosas, ante esta problemática, el Gobierno de Miguel Riquelme puede optar por pagar la deuda que tiene con el fondo de pensiones, presionar a la UA de C, la UAAAN y otros deudores para hacer lo propio, hacer las debidas investigaciones y diligencias derivadas de las denuncias presentadas, fincar responsabilidades resarcitorias y sanciones penales, o de plano seguir siendo omiso (por decir lo menos) en ambas situaciones y ante las protestas y exigencias del magisterio dar una respuesta represiva, como lo hizo con el desalojo violento de manifestantes en septiembre del 2018 y en septiembre de 2021.