El único servicio gubernamental con el que podía contar este municipio de las afueras de Ciudad de México era la escuela primaria, que funcionaba en un vagón de tren abandonado.
Todas las mañanas, las familias que ocupaban los cavernosos vagones de esta parte de Naucalpan despertaban a sus hijos para que fueran a la escuela durante todo el día, como parte de un programa federal para apoyar a los padres que trabajan ampliando el horario más allá de la media jornada habitual que tienen la mayoría de las escuelas primarias mexicanas.
Pero la jornada extendida ha desaparecido, una víctima del enfoque del gobierno en la renovación del sistema de bienestar, en una reorganización que los economistas advierten que perjudicará a los más pobres de México y el crecimiento de la decimoquinta mayor economía del mundo.
Tras conseguir la victoria en 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le prometió a los menos favorecidos del país que pondría fin a su abandono, al impulsar el lema de “primero los pobres”. El partido que fundó, Morena, se lanzó hace una década con una plataforma para reducir la desigualdad y empoderar a los millones de mexicanos marginados que la mayoría de los partidos políticos generalmente habían descuidado.
Pero a mitad de su sexenio, la situación de las clases bajas de México ha empeorado, y los economistas afirman que no se debe únicamente al efecto de deterioro de la pandemia, sino también al resultado de una mala gestión de los programas de bienestar y de la economía.
Para Alicia Guadarrama Monroy, quien vive con sus dos hijas y sus nietos en Naucalpan, el horario extendido de la escuela significaba que todos los adultos de su hogar podían trabajar. Pero ahora la jornada escolar termina alrededor del mediodía y una de sus hijas debe quedarse en casa para cuidar a los niños, privando a la familia de un salario muy necesario.
México fue una de las únicas economías mundiales importantes que no aumentó sustancialmente el gasto para mitigar los estragos de la pandemia, haciendo hincapié en un presupuesto equilibrado en lugar de endeudarse para apoyar a los más vulnerables del país.
Pero los efectos de la pandemia, junto con la falta de apoyo gubernamental, hicieron que otros 3,8 millones de personas cayeran en la pobreza a finales de 2020. Actualmente, el 44 por ciento de los mexicanos —alrededor de 56 millones de personas— están en situación de pobreza, según los datos más recientes del gobierno.
La inflación también ha ralentizado la recuperación económica, ya que los precios al consumo aumentaron hasta el 7,99 por ciento durante el año hasta junio, el nivel más alto en 21 años, lo que reduce el poder adquisitivo para productos de primera necesidad como las tortillas o el aceite de cocina
A pesar de la creciente pobreza de México, López Obrador sigue siendo uno de los líderes más populares del mundo, con un índice de aprobación de alrededor del 65 por ciento. El apoyo generalizado ha dejado a los observadores políticos desconcertados.
Para los economistas la respuesta es sencilla: el gobierno eliminó los programas de bienestar social existentes en favor de poner dinero en efectivo en manos de los ciudadanos, con pocas condiciones.
Poco después de asumir el cargo, López Obrador canceló Prospera, un programa que llevaba 20 años y que daba dinero en efectivo a las madres en situación de pobreza a cambio de que mantuvieran a sus hijos en la escuela y los llevaran a revisiones médicas periódicas. Fue elogiado por el Banco Mundial por su transparencia y por mejorar las condiciones socioeconómicas.
Pero con el nuevo programa social del gobierno de López Obrador, esos requisitos se eliminaron y el dinero en efectivo se distribuye a los mexicanos sin importar sus ingresos. Los nuevos programas han ampliado las pensiones del gobierno incluso a los más ricos, han proporcionado pasantías para los jóvenes sin trabajo y están pagando a los agricultores para que planten árboles.
Pero los nuevos programas están llegando a menos familias pobres de México, argumentan los economistas, aunque el gobierno está gastando más en ellos.
“Hoy a las familias más pobres les llegan menos apoyos sociales que hace tres años”, dijo Gonzalo Hernández Licona, exdirector del Coneval, la agencia gubernamental que mide la pobreza y los programas de desarrollo social.
En lugar de poner la responsabilidad en las agencias gubernamentales para asegurarse de que la asistencia social se gasta de manera efectiva, López Obrador ha trasladado la responsabilidad a millones de mexicanos.
Uno de los mayores golpes para las familias trabajadoras fue la decisión de López Obrador de suprimir este año el programa de escuelas de tiempo completo.
Más de 27.000 escuelas primarias se habían inscrito en el programa desde que comenzó en 2007, brindando almuerzos calientes y horas académicas adicionales a 3,6 millones de estudiantes y ayudando a los padres a buscar empleo a tiempo completo, según México Evalúa, un centro de investigación.
Sin embargo, el presidente criticó el programa por corrupción, sin aportar pruebas y a pesar de que un organismo de control de la política gubernamental concluyó que el programa mejoró el rendimiento general de los estudiantes.
Ahora, 2000 escuelas han tenido que recortar su horario ampliado, y es probable que haya más, según Mexicanos Primero, un grupo de defensa de la educación.
Los recortes podrían afectar a cientos de miles de familias, según cifras del gobierno evaluadas por The New York Times, obligando a muchas mujeres a dejar de trabajar para cuidar de sus hijos.
Los grandes avances logrados contra la pobreza en las tres últimas décadas en México se debieron, en parte, a que las mujeres se incorporaron al trabajo en mayor número cuando los gobiernos inauguraron programas de atención a la infancia. Los economistas advierten que, sin su reincorporación al trabajo, el crecimiento prepandémico será difícil de alcanzar.
En el Estado de México, el más poblado del país, el programa beneficiaba a unos 280.000 estudiantes, según la Secretaría de Educación.
Los economistas sostienen que el presidente tiene una visión anticuada de la economía y han criticado a su gestión por destinar al menos 25.000 millones de dólares en grandes proyectos de infraestructura que no son precisamente necesarios.