La buena nueva de la Ley Contra la Tortura, que se aprobó en el Senado el fin de semana, es que parte de que existe.
Lo que oficialmente se había negado.
Y por lo tanto no había necesidad de castigarla.
Aceptar que existe, que se debe “vigilar” a los policías, a los servidores públicos, desde el momento en que se efectúa una detención, es el primer paso. Sancionarlos hasta con 20 años de cárcel sienta precedentes más que significativos.
También, como no queriendo, le otorga infinita razón a todos los organismos defensores de derechos humanos que venían imputando al gobierno este crimen.
Para el sistema de justicia el mayor cambio reside en que esta Ley afirma que no existirá delito cuando se haya aplicado tortura a los presuntos responsables. Es decir, quien tortura está consiguiendo que el detenido quede en libertad e impune.
¿Qué esta Ley la van a utilizar delincuentes a su favor? Seguramente, pero el daño será siempre menor a que no exista respeto a los derechos humanos.
La pena para la tortura, que vimos inexistente en los hechos posteriores a la exhibición del video que tanto escandalizó en semanas pasadas, se eleva de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos. Con lo que esto, torturar, dejará de ser un tema para ofrecer, simplemente, disculpas.
Al convertirse en delito grave la autoridad, ministerio público, estará obligada a investigar DE OFICIO. O sea, no habrá para donde cerrar los ojos o ignorar hechos. Tendrá que investigarse, y si no lo hace estará faltando a su vez a la Ley. Además de que será un delito sin prescripción, que se castigará pasada cualquier cantidad de años.
Este cambio, que habrá que agradecerles a todos los senadores, incluyendo los del PRI, ya que votaron 90 a favor, viene a convertir en delincuentes a los torturadores. Lo que, quiero creer, detendrá estas prácticas. Y hará que quienes actúan así por órdenes superiores lo piensen dos veces, porque quien se irá a la cárcel será ésta persona.
Adicionalmente esta Ley establece que los policías utilicen un localizador, un GPS, desde el instante mismo de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad correspondiente, y también habrá mecanismos para que tengan que “avisar” de estos tiempos formalmente a través del Informe Policial Homologado.
Con lo que se cierran tiempos perdidos que, en la realidad tantas veces negada por el gobierno, eran utilizados para torturar a los presuntos culpables.
Es, pues, una ley que parte de esta realidad que oficialmente no existía. Y que tuvimos que aceptar cuando la vimos, con total impunidad y cinismo, en un video.
También habrá que agradecer a los Senadores la prontitud.
Si la persona víctima de tortura es un niño, un adolescente, un anciano o un indígena, las penas por tortura podrán duplicarse.
Lo que sigue es que esta Ley se tome en serio. Que la PGR, antes que ninguna otra autoridad, la conozca. Sepa que es de verdad, que no se vale dejar “morir” una acusación de este tipo en un escritorio. Que están obligados a perseguir a los torturadores, a investigar de oficio.
Lo que sigue, porque sabemos cómo funciona todo en nuestro país es que ya que tenemos una Ley que acepta que existe la tortura, ésta Ley exista a su vez para las autoridades. Los organismos defensores de Derechos Humanos, la misma CNDH, todos los ciudadanos tenemos la obligación de darla a conocer. Y vigilar que se cumpla.
Cuando se conoció el video de la tortura, la policía federal no había sido notificada ni oficial ni extraoficialmente. Por lo tanto la policía federal seguía trabajando con tranquilidad cuando, de acuerdo a lo que oficialmente se comunicó, en la PGR había una acusación formal desde Enero de este año. Este vacío, inmenso, grave, es lo que se busca evitar. Ya existe el mecanismo, la sanción, la gravedad, ahora solamente falta que el MP, que la autoridad correspondiente actúe.
Como nos falta en todo, que la autoridad investigue, que la autoridad haga su trabajo… ¿Será mucho pedir?… Una autoridad que cumpla con su obligación de investigar, no más, no menos…
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