La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León presentó pruebas adicionales en contra de la exalcaldesa Margarita Arellanes y otros nueve exfuncionarios de Monterrey, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de ejercicio indebido y ejercicio abusivo de la función pública.
De acuerdo con la Subprocuraduría, los 10 exfuncionarios “habrían adjudicado un contrato de servicios profesionales con cargo al erario.
Tras concluir el plazo concedido por el Juez de Control Óscar Enrique Medina Pérez para allegar pruebas, la Fiscalía presentó documentales y poco más de 30 entrevistas con exfuncionarios.
Ernesto Canales, titular de la Subprocuraduría Anticorrupción, explicó que los 10 exfuncionarios acusados “tendrán 15 días para señalar vicios formales de la acusación, exponer argumentos de defensa y señalar los medios de prueba que serán desahogados en una audiencia de juicio oral”.
El 5 de julio pasado, autoridades de Nuevo León abrieron un juicio en contra de la exalcaldesa y nueve funcionarios de su administración.
Acusados de ejercicio abusivo de funciones pública (además de la exalcaldesa):
- Irasema Arriaga Belmont, exsíndica segunda
- Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, exsecretario del Ayuntamiento
- Julián Hernández Santillán, extesorero municipal
- Alejandra Rodríguez Guerra, exsecretaria de Administración
- José Francisco de la Cruz Suárez, exdirector Jurídico
Acusados de ejercicio indebido de funciones públicas:
- David Rex Ochoa Pérez, exsíndico primero
- Arturo Pecina Cruz, exregidor
- Luis Ángel Torres Garza, exencargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones
- Aldo Ariel Cepeda López, exdirector de Egresos.
Para el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, la Fiscalía considera que hay datos de prueba de que los hoy vinculados a proceso adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos más IVA.
Este contrato fue para apoyar jurídicamente a funcionarios municipales en la administración 2012-2015, encabezada por la exalcaldesa Arellanes Cervantes.
Para el segundo delito, se advierte que realizaron un contrato de prestación de servicios a sabiendas de que dicho contrato resultaba ilegal y que los únicos beneficiados serían los propios vinculados y otros ex servidores públicos del municipio regiomontano.
Información por: Animal Político
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