El secretario Diego Eduardo del Bosque explicó que el fin es que se cancelen las cinco concesiones que están acabando con el río, o que se les pida que hagan labor de remediación.
Ante la sobre explotación del Río San Rodrigo, en Piedras Negras, el secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático de la Cámara de Diputados, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, dijo que presentará un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a nivel federal, a fin de que se cancelen las cinco concesiones que prácticamente han acabado con el Río.
“Estaremos abocados a presentar un exhorto a la Semarnat para que a su vez lo vean ellos con Conagua y con Profepa, para que pudiera haber una intervención estatal y que una de dos: o se cancelen las concesiones o mínimo se les pida que hagan labor de remediación”, expuso. Dijo que por lo pronto se presentará el documento directamente a la Comisión, debido a que no se han tenido sesiones, pero se espera que esta dé curso a la petición y pueda obtenerse una respuesta de la Profepa, que no ha dado cuentas de su actuar en el caso.
Recordó que en la Cámara está en discusión la propuesta de una nueva Ley General de Aguas, ya que el marco legal actual permite que se tenga una entrega indiscriminada de concesiones, y la única sanción a la sobreexplotación es una multa que las empresas pagan porque les resulta mejor hacerlo y seguir incurriendo en las mismas malas prácticas, por lo que dijo, es urgente que se aplique el retiro de la concesión como sanción primera.
Las empresas que en este caso tienen la concesión son cuatro: Agregados de Calidad S.A de C.V., que tiene dos concesiones, Materiales San Rodrigo, que tiene una, y dos particulares: Juan Martínez Rodríguez y Juan Martínez Talamantes. Sin embargo, desde hace al menos 30 años, las concesiones sólo se renuevan y no existe vigilancia, de acuerdo a la Asociación Amigos del Río San Rodrigo, que preside Waldo Terry Carrillo. El legislador aceptó que el cambio a la ley va lento, y se ha afectado más el avance por la pandemia de covid-19, que se está viendo en conjunto con la Comisión de Recursos Hidráulicos, pero insistió en que se presentará por lo pronto el exhorto documental, al que agregó, podría incluirse que se otorgue a la Cámara de Diputados, un informe detallado de lo que han hecho las instancias medioambientales, con respecto a los procedimientos iniciados al menos desde hace un año, y de los que no se ha informado absolutamente nada. Cabe mencionar que se solicitó la postura del Gobierno de Coahuila pero no hubo respuesta, lo mismo ocurrió con el delegado federal Reyes Flores Hurtado, cuya área de comunicación dijo que esto ya no le correspondía y que se buscará directamente a las áreas de Profepa, que a su vez volvieron a remitir con comunicación.
El legislador Diego del Bosque, dijo conocer de la petición que circula desde hace un mes en change.org, y que no tiene vinculación legal pero sí de presión social, para tratar de visualizar la grave situación de la cuenca del río, que ha sido arrasado en 12 kilómetros desde el Río Bravo hacia arriba, dicha petición ya tiene más de 42 mil firmas. Dijo que el diagnóstico que se tiene es precisamente que durante 30 años los intereses económicos de empresas privadas han estado por encima de los derechos de la naturaleza y de las comunidades, además de que no se cumple con lo establecido en la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente sano.
“Eso no se cumple casi en ninguna parte del país, por la sobre explotación desmedida de actividades económicas que son importantes pero que están sin ningún tipo de regulación“.
En México, de 1917 a 1994, se entregaron alrededor de 2 mil concesiones a empresas privadas sobre pozos y aprovechamientos de agua, pero al aprobarse la Ley Nacional de Aguas en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1994, se registró un descontrol en las concesiones otorgadas, por lo que de entonces a la fecha, han sumado ya 531 mil concesiones.
“Fue un descontrol, el agua se la apoderaron unos cuantos y aquí viene siendo lo mismo, un cuerpo de agua que no está protegido por la ley, hay una legislación muy laxa en ese sentido”. Señaló que como legislador tampoco ha logrado una respuesta por parte de la Profepa, donde presentó otro recurso por el caso de la instalación de un Centro de Integración y Manejo de Residuos Industriales en General Cepeda.
Mientras tanto, en Coahuila se han otorgado 12 concesiones a empresas para la explotación de ríos y ninguna ha realizado acciones de remediación, de acuerdo a la asociación civil.
Milenio