¡Qué tal, nada ven, nada juzgan, nada de rendir cuentas a la ciudadanía!
Los órganos anticorrupción en Coahuila son oficinas cuyos titulares fueron seleccionados por los Moreira y Riquelme, por su cercanía, su complicidad y antecedentes corruptos. Por eso nada sucede con las indagatorias, las pesquisas, y las auditorías. Cuando más, rebuscan a los ediles opositores al PRI y a sus enemigos, y solo para someterlos.
Ni que decir de la Auditoría Superior del Estado, oficina ciega y muda.
Y peor aun, el Tribunal Administrativo, elefante blanco retacado de burócratas y dirigido por prepotentes (e intocables, por lo que ven y callan) y con sueldos de envidia… ¡Soberbia y corrupción, Coahuila ES!
La Fiscalía Estatal es otra oficina dedicada a los negocios de los GATES y los criminales (reiteración).
Ninguna de todas las instancias mencionadas y otras que faltan, ha reparado en la MegaDeuda corrupta y creciente, en los negocios de los Moreira, de Torres López, de Riquelme y de tantos enriquecidos de los gabinetes, con dinero del presupuesto federal y estatal, público, saqueado por 15 años”.
Impunidad y criminalidad, asociación delictuosa y peculados. Esa es la realidad impune e insultante en el gobierno de Coahuila.
ColumnasDeMexico.com
La razón por la cual la Auditoría dio a conocer sólo los datos de responsabilidades administrativas sancionadas del 2014 al 2017 es porque en ese período se realizaron dos reformas a la legislación.
La razón por la cual la Auditoría dio a conocer sólo los datos de responsabilidades administrativas sancionadas del 2014 al 2017 es porque en ese período se realizaron dos reformas a la legislación, y actualmente los órganos internos de control, al entrar en vigor el Sistema Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa, sólo tiene competencia en casos no graves.
Las irregularidades se detectaron a partir de auditorías de cumplimiento, legalidad, fondos y programas de inversión, desempeño y financiera, cuyos resultados están en los informes anuales; los casos que aún no tienen ninguna resolución se mantienen vigentes y serán tratados con la Ley anterior, explica la Auditoría.
En 2014 había 120 entes públicos a quienes se les encontraron 399 irregularidades que fueron notificadas a los órganos internos de control o contralorías internas.
Sin embargo, sólo 57 de los 120 órganos internos de control emitieron sanciones.
Para 2015, hubo ya 126 entes públicos, a quienes se promovieron 966 pliegos de responsabilidad administrativa, sin embargo, sólo 50 órganos internos de control emitieron alguna resolución.
En 2016, el número de entes públicos revisados pasó de 126 a 133 y se entregaron 996 pliegos de responsabilidades administrativas, pero 51 órganos internos de control emitieron alguna sanción y el 61 por ciento de los casos está aún sin resolverse.
Para 2017 el número de entes públicos revisados pasó de 133 a 142 y se emitieron mil 208 pliegos de responsabilidades, pero sólo 43 órganos internos de control emitieron alguna responsabilidad, con lo cual los asuntos pendientes quedaron en un 70 por ciento.
Vanguardia