Propone el gobierno desaparecer INE, Oples y tribunales estatales

La iniciativa de reforma electoral que presentó hoy el gobierno federal propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales estatales electorales.

Se constituirá el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas cuyos integrantes, así como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían electos por el voto popular; la desaparición de las 200 diputaciones plurinominales y los senadores de lista. De igual forma se reducirán las dimensiones de los congresos locales y de las regidurías en los municipios.

En la propuesta presentada por Horacio Duarte y Pablo Gómez, quienes en su momento han sido representantes ante el Instituto Nacional Electoral, se plantea la cancelación del financiamiento del gasto ordinario de los partidos políticos que solamente tendrían financiamiento de campaña; eliminar de la difusión en radio y televisión a la autoridad electoral, destinando los espots en radio y televisión únicamente a los partidos políticos. Con ello, explicó Duarte, se pretende un ahorro de 24 mil millones de pesos quien precisó de cambios en materia de propaganda gubernamental que ahora podría expresar sus consideraciones en procesos electorales.

—¿No se pretende volver a los tiempos de la aplanadora del PRI? Se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia.

— No, se está garantizando el voto de los ciudadanos.. es la aplicación plena de la democracia; van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes. Se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso.. pero quién va a decidir sobre diputados serán los ciudadanos. No hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es auténtica y verdadera democracia y se termine con fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes.. ese es propósito.

En consideración del Presidente, México es uno de los países donde más fraudes electorales han existido, porque las autoridades electorales estaban al servicio de la oligarquía económica que así se arrogaba, dijo, la posibilidad de controlar al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y poder mediático. “Pues no”.

López Obrador dijo que “sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, tener la facultad para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas, se van a enojar sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus achichincles. Que sea el Congreso el que libremente debata”.

El mandatario recordó que en 2006, este mecanismo basado en la repartición de cuotas entre los partidos para integrar la autoridad electoral permitió un fraude para imponer a Felipe Calderón por parte de la oligarquía, lo cual desató una gran crisis económica, crisis de seguridad y crisis social. “Se dañó mucho porque porque se tomaron decisiones equivocadas para continuar protegiendo a una minoría y garantizar impunidad para que la delincuencia organizada infiltrara al gobierno.

Dijo que lo mismo sucedió en la elección de Enrique Peña Nieto donde se permitió que fluyeran grandes cantidades de recursos para financiar la compra de voto, lo que favoreció la elección de un gobierno.

Al explicar la reforma, Duarte, actual titular de Aduanas pero representante de Morena ante el INE en la elección de 2018, detalló que se pretende la reforma de 18 artículos constitucionales y la inclusión de siete artículos transitorios. En estos se pretende la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que aumentará la organización de todas las elecciones porque desaparecerán los institutos locales, así como los tribunales electorales locales para que el TEPJF sea la única instancia jurisdiccional. Se reducirá a siete el número de consejeros electorales.

Precisó que a propuesta de los tres poderes se presentarán los candidatos para que en agosto se elijan, vía voto popular, tanto a consejeros como a magistrados. Se pretende regresar a un modelo para que los ciudadanos decidan a sus autoridades electorales y no como ahora en que las cúpulas de partidos hagan acuerdos en el Congreso.

En cuanto a la integración del Congreso, la Cámara de Diputados se conformará con 300 legisladores, eliminando las 200 diputaciones plurinominales, en tanto que en el Senado pasarán de 128 a 96, cancelándose los senadores de lista para dar respuesta a la demanda de un abaratamiento de la democracia en México. A nivel estatal, se establecerán rangos en los congresos locales según la población para que la integración sea entre 15 diputados locales como mínimo y 45 como máximo.

En torno al financiamiento de partidos, dijo que se pretende que las burocracias partidistas no sean financiadas con el erario público canalizándoles recursos mensualmente como gasto ordinario. Por ello, los recursos públicos solo se les otorgará para financiar las campañas.

La Jornada
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