El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo del Presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Emilio De Hoyos Montemayor de exhortar al Presidente de la República, así como a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, para que expliquen cuáles serán las repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
El pasado 15 de mayo, para sorpresa de todos y pese a las advertencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se publicó dicho acuerdo que sin duda tendrá un impacto en el desarrollo y la operación de la industria de energías renovables instalada y en proceso de instalación en el país.
En la Sesión Ordinaria de este jueves, Emilio De Hoyos mencionó que el cambio climático y la consecuente necesidad mundial de transitar a un modelo sustentable de energías renovables y limpias, ha desarrollado en las últimas décadas una industria de energías como la solar y la eólica, y México ha sido testigo de ello recibiendo inversiones extranjeras y nacionales
importantes, con el fin de instalar esta industria en el país, ya que en muchas entidades, entre ellas Coahuila, las condiciones son ideales para su desarrollo.
Citó el caso del parque solar de Matamoros, el parque eólico en los límites de General Cepeda y Ramos Arizpe, o el Parque eólico en Acuña, el más grande de México y los cuales además de brindar grandes ahorros a los consumidores, constituyen inversiones millonarias por más de 600 millones de dólares, y generan empleo y derrama económica para el Estado.
De Hoyos Montemayor dijo que resulta preocupante que mientras la tendencia internacional apunta a que la industria de energías renovables solar y eólica espera un mayor crecimiento a nivel mundial, medidas como las del pasado viernes por parte del Gobierno de México dañan considerablemente a un sector que reclama marcos regulatorios coherentes y a largo plazo que den seguridad a los inversionistas para que puedan instalarse y generar el desarrollo.
Preocupa por demás, que la nueva política energética carece de una Manifestación de Impacto Regulatorio cuando menos, y por otro lado tampoco dimensiona las posibles cargas multimillonarias que tendrá el Estado Mexicano en cumplimento de laudos arbitrales que sin duda serán condenatorios.
Por otro lado, el acuerdo de la Secretaría de Energía del pasado viernes apunta exactamente hacia el otro extremo de los compromisos internacionales que tiene México en materia de combate al cambio climático.
“Resulta inevitable que la nueva política energética del Gobierno Federal también traerá repercusiones Medio Ambientales y Económicas en el corto, mediano y largo plazo, de las cuáles al día de hoy ni el mismo Gobierno de México ha transparentado documento alguno donde se ponderen las inminentes consecuencias de esta nueva política que, dicho sea de paso, está basada en ideas y políticas obsoletas que tienden inevitablemente a desaparecer” argumentó el líder del Congreso local.