Tras 12 horas y varios recesos durante la audiencia de vinculación a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada y ante deficiencias en los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control dictó auto de libertad para la fiscal de búsqueda del estado de Nayarit y otros dos exfuncionarios de la Fiscalía General (FGE).
Los señalamientos estuvieron relacionados con una presunta desaparición forzada de cuando menos 39 personas.
Los detenidos el pasado viernes 8 de septiembre en Tepic y que resultaron beneficiados de este auto de no vinculación a proceso, fueron Yayori “N”, fiscal de búsqueda de personas desaparecidas, pero juzgada por su presunta relación como exministerio público con el ex fiscal Édgar Veytia.
Este último fue detenido en 2017 y sentenciado en 2020 a 20 años de prisión por narcotráfico; además de ser colaborador para los juicios contra el ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y el de Genaro García Luna, donde admitió haber colaborado con grupos criminales y realizar homicidios, desapariciones, extorsiones, tortura, entre otros.
Además, quedó en libertad, Pavel Emilio “N”, exdirector de averiguaciones previas y exdirector del penal estatal Venustiano Carranza de Tepic, y la exvisitadora general de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Dora Aimé “N”, ambos, también extrabajadores del exfiscal.
Solamente quedará en prisión preventiva un particular, Miguel Ángel “N”, vinculado a proceso por delincuencia organizada, relacionado con el caso aludido.
Ante la falta de información de las instituciones, familiares de personas desaparecidas que denunciaron delitos relacionados con la desaparición forzada y que acudieron a la audiencia, dieron a conocer sobre estas liberaciones.
La señora Rosa María Jara Montes, una de las 39 madres que denunció la desaparición forzada de su hijo Nicanor Alejandro López Jara, se dijo inconforme con la defensa de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Dentro de todo lo malo, lo bueno que fue, solo los liberaron por un delito, de delincuencia organizada y el juez le dijo a FGR que tenía que ser más contundente en sus cargos, que si bien se apreciaban otros delitos como desaparición, abuso de poder, obstrucción de la justicia, esos sí se veían reflejados pero delincuencia organizada, no. La FGR no tuvo buena defensa” dijo a Aristegui Noticias.
Además, la mujer expuso que el juez reparó sobre la FGR para que demostrara un señalamiento directo sobre los tres detenidos y su relación con el ex fiscal Veytia y los grupos criminales a los que se aludía (los H y el Cártel Jalisco Nueva Generación).
“El juez dijo que no había un señalamiento directo que relacione a Yayori, a Dora y a Pavel con Veytia o con alguna de las dos organizaciones delictivas, que si bien trabajaron en su sexenio o bajo su mando, no quiere decir que todos pertenecían al crimen, con los argumentos presentados”, expuso la también líder del colectivo Por Nuestros Corazones.
También reclamó que la Fiscalía de Nayarit haya destinado recursos y facilitado información a los abogados particulares que defendieron a la fiscal y a los otros dos exfuncionarios.
“Estamos muy molestos y decepcionados al ver que FGE sigue metiendo las manos por encubrir a funcionarios que nosotros hemos señalado; FGR tiene meses años pidiéndole a FGE cierta información, ciertas carpetas, incluso con apercibimiento y no la proporciona, pero a la defensa de Yayori, en menos de 24 horas le dio copias certificadas y traía 12 abogados”, afirmó.
Según la interesada, la Fiscalía General de la República aseguró que apelará la decisión del juez e insistirá en sus acusaciones.
Falta que estas mismas personas que fueron detenidas sean también juzgadas por otros delitos como desaparición forzada, obstrucción de la justicia y otros que se verán en próximas audiencias, aunque ya están en libertad.
Cabe señalar que estos juicios se llevan a cabo por las investigaciones que hay de presunta desaparición forzada de 39 personas, que además atiende el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED-ONU) mismo que solicitó a México medidas urgentes para su búsqueda y localización.
Además, ocurre en el marco de la comparecencia de México ante la ONU por las desapariciones forzadas que han sido denunciadas.
Detienen por cuarta vez al fiscal de Morelos
Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, fue detenido por cuarta ocasión cuando salía del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la Fiscalía Anticorrupción morelense obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura.
Lo anterior, fue confirmado por su defensa legal. “El fiscal no logró salir del penal, antes de cruzar la puerta fue informado y aprehendido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción”.
Detalló en un primer momento que sería trasladado al Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, situado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, Morelos.
Sin embargo, la mañana de este jueves una nueva versión señala que Carmona se quedó en el penal de alta seguridad ubicado en el Estado de México.
Recordemos que desde el 5 de agosto ingresó al penal “El Altiplano” dónde permaneció tras enfrentar tres órdenes de aprehensión por delitos y omisiones en el caso del presunto feminicidio de Ariadna Fernanda, una joven que fue asesinada en la Ciudad de México y abandonada en Tepoztlán, Morelos.
En las tres ocasiones, la autoridad judicial impuso como medida cautelar privación de la libertad y en cuatro ocasiones magistradas y magistrados del Tribunal Colegiado ordenaron su inmediata liberación, este miércoles fue la última orden de liberación otorgada al mediodía bajo el argumento que el fiscal cuenta con fuero constitucional.
La defensa del fiscal morelense, señaló que el traslado del fiscal al penal de Atlacholoaya podría poner en grave riesgo la integridad de su defendido, debido a que muchas personas privadas de la libertad que cumplen su sentencia fueron previamente investigadas y luego aprehendidas en su gestión.
La defensa legal señaló que aún no ha tenido acceso al expediente. “Existen elementos que nos hacen intuir que el delito que se le imputa es por el caso conocido como El Diablo”.
Se refiere al joven Luis Alberto Ibarra Martínez, que fue detenido por su presunta participación en un feminicidio y un doble asesinato dos personas quienes fueron retenidos y asesinados en el municipio de Hutzilac.
Luego, un juez lo puso en libertad por considerar que las evidencias presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) fueron alteradas, tras obtener su libertad el joven denunció que fue víctima de tortura.
A las 14:30 horas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos informó mediante un comunicado que Juan Jesús Salazar Núñez, titular de dicha dependencia, se separó temporalmente de su cargo para ir en busca de una magistratura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Los abogados iniciarán con la estrategia jurídica frente a esta nueva aprehensión, lo primero que exigirán es que se garantice la seguridad de Carmona.