Tras el cierre e incautación de la Universidad Centroamericana en Managua por parte del régimen nicaragüense de Daniel Ortega, miles de estudiantes vieron sus estudios pausados y ahora, con las instalaciones tomadas, enfrentan dificultades para retomar y revalidar sus materias.
“Si te metes a la página web, no vas a encontrar nada”, denuncia Luis Arriaga, Rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y director de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), una red de 30 instituciones presente en 14 países de la región.
“No les están dando los expedientes a los estudiantes y eso hace más complicada la ayuda que les podemos dar, porque no tenemos acceso a esos documentos que acreditan que ya van por ejemplo en quinto semestre de su carrera”.
El 15 de agosto pasado, Ortega emitió un decreto que ordenó la incautación de la Universidad Centroamericana, institución jesuita en Managua, capital de Nicaragua. En un segundo momento, el régimen ocupo las instalaciones de la escuela y le cambió el nombre.
“Esta situación se agrava de un patrón constante de violaciones a derechos humanos que se dan desde 2018, documentadas por mecanismos de protección a los derechos humanos. Se nota un desdén ahí”, denuncia Arriaga.
De acuerdo con el Rector de la Ibero, la Universidad Centroamericana tenía alrededor de 4 mil 500 estudiantes. Sin embargo, precisa que antes la institución contaba con cerca de 9 mil, pero, a partir de los actos de hostigamiento vividos bajo el régimen nicaragüense, su plantilla estudiantil se vio reducida.
Arriaga explica que se está viendo la forma de ofrecer apoyo a los y las estudiantes que se quedaron en una situación “muy vulnerable”, pero debido a que las instalaciones están tomadas, se imposibilita acceder a documentos solicitados por el Gobierno mexicano para acreditar materias.
Además de estos esfuerzos, la Ausjal tiene un programa llamado Intercampus Ausjal, en el que ofrecen materias en línea con las 30 instituciones que conforman al conglomerado, mismo que podría ser usado para ofrecer clases y cursos para los estudiantes afectados.
Arriaga destaca la disposición de los rectores de las universidades que conforman la asociación.
Insiste en que es necesario tener un buen puente con la Secretaria de Educación para que se puedan revalidar los estudios. Sin embargo, dice que el futuro de los estudiantes es incierto.
“Hemos tratado de recabar la mayor cantidad de información posible. Ha sido muy difícil por la situación en la que se encuentra la Universidad y sus directivos”, explica.
“No hay certezas por la misma situación de un Estado en donde impera la impunidad y el sistema de administración y procuración de justicia se utiliza muy de acuerdo a los vaivenes políticos del Presidente Daniel Ortega y su equipo de Gobierno. Ese es el problema”.
El 19 de agosto, el régimen desalojó a los jesuitas de la residencia, propiedad de la Compañía de Jesús, que está al lado de la Universidad. Las casas de los religiosos están normalmente situadas cerca de las instituciones educativas.
El 23 de agosto, el Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús. Esto significó disolver jurídicamente a la orden y absorber todos los bienes de la institución en Nicaragua, que incluyen además de la universidad, otros colegios, propiedades y cuentas bancarias.
“Nuestra postura es muy clara y es condenar abiertamente un acto arbitrario del régimen de Daniel Ortega que atenta contra el Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas”, indica Arriaga con respecto a la posición de la Ausjal.
“¿Qué es lo que pedimos? Que se reviertan estas medidas por el órgano judicial nicaragüense y que cese la creciente agresión gubernamental en contra de las obras de la Compañía de Jesús y particularmente de la Universidad Centroamericana”.