El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, cumplió su primer año de gobierno con un perfil bajo y en medio de una agenda pública acaparada por el inicio de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador. En su discurso con motivo del primer informe el viernes pasado, el mandatario estatal resaltó los esfuerzos para la contención de la delincuencia y la creación de nuevos empleos en el estado, entre otras cosas, pero también aprovechó el momento para mandar un mensaje de unidad y, sobre todo, tender la mano al nuevo presidente de la República. Pero más allá de la retórica oficial, en el escenario estatal hay problemas viejos que se mantienen vigentes y retos nuevos motivados por los cambios políticos en el ámbito nacional y las tensiones económicas globales.
Con todo y los esfuerzos para intentar dar vuelta a la página al capítulo de la deuda pública, ésta sigue siendo el problema principal en materia financiera en la entidad. La deuda con los bancos, que equivale al 75 por ciento del presupuesto de 2018, tuvo que ser reestructurada por tercera ocasión en la actual administración, con el fin de aflojar un poco la cuerda y ganar margen de maniobra en los próximos años. Gracias a una mejora en las tasas de interés y a la ampliación del plazo, que implica que la deuda se termine de pagar en 2048, el gobierno estatal podrá dejar de abonar 520 millones de pesos cada año por lo que resta del sexenio. Para la oposición, esta medida es superficial, ya que se “patea el bote” hacia las futuras administraciones.
Pero el problema de la deuda no termina ahí. Al final, se está pagando por una deuda contratada en medio de la opacidad y ejercida a discreción en el sexenio de Humberto Moreira y Jorge Torres López, sin que se sepa hasta ahora en qué se invirtió por lo menos la mitad de los recursos obtenidos vía créditos. La pasada administración de Rubén Moreira se rehusó a esclarecer el destino del dinero, a pesar de que según testimonios e investigaciones de autoridades extranjeras apuntan a que hubo robo al erario. La responsabilidad sobre la investigación recae ahora en el gobierno actual, pero hasta el momento la postura ha sido la misma, con el consecuente desgaste que le ocasiona. Si, como algunas acciones dejan entrever, el gobernador Miguel Riquelme pretende distanciarse de la marca oscura del moreirato, tendría que empezar forzosamente por aclarar todo lo concerniente a la deuda.
No obstante, la administración en curso también carga ya su propia historia en materia financiera. El señalamiento principal que se ha hecho hasta ahora tiene que ver con el desfase en el ejercicio del presupuesto. Mientras que para inicios de noviembre se había invertido menos del 45 por ciento del gasto programado para obra pública, el presupuesto para “asesorías” había sido rebasado 21 veces, sólo por citar un caso. Este hecho ha generado críticas de parte de la oposición que ve un manejo financiero desordenado o, incluso, desaseado, debido a que no se ha explicado la razón por la cual el gobierno de Riquelme ha gastado tanto en asesores. Por lo demás, uno de los sellos del primer año de administración ha sido la escasa obra pública en el estado, realidad que se explica con el retraso en el ejercicio de presupuesto para ese fin.
Uno de los rubros que más ha presumido en estos días el gobernador es el de la inversión privada y la generación de nuevos puestos de trabajo, la cual ha superado la meta fijada al inicio del año. No obstante, las dudas persisten respecto a la calidad del empleo creado por los bajos salarios reportados, y por la concentración de la inversión en la región Sureste, es decir, la misma tendencia de desequilibrio regional observada en las últimas décadas y que el año pasado parecía que comenzaba a revertirse.
Pero hay, además, otros ingredientes que juntos configuran un desafío para la entidad. El primero tiene que ver con la decisión del nuevo presidente de frenar todos los proyectos de explotación de hidrocarburos que utilicen el polémico método de fractura hidráulica, una de las principales apuestas para el desarrollo económico de Coahuila. El segundo está relacionado con la intención del Gobierno estatal de atraer inversión china en el marco de un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual de alguna manera restringe las posibilidades de exportación tratándose de inversión procedente de países considerados no de mercado.
En el renglón de seguridad, los indicadores delictivos se han mantenido ligeramente por debajo de los niveles reportados el año pasado, lo cual habla de que la estrategia de contención sigue funcionando. Pero el estado no está exento de desafíos en este sentido. El primero de ellos es que no se observa aún una política estatal clara de prevención del delito que ataque las causas de la criminalidad, lo cual hace que la tranquilidad aparente por la que atraviesa la entidad sea vulnerable.
El otro tiene que ver con el modelo paramilitar que se ha seguido en los cuerpos policiales, con una alta dependencia de la presencia de las fuerzas armadas. Las autoridades civiles de seguridad aún no se muestran lo suficientemente fuertes para hacerse cargo completamente de las tareas de prevención, vigilancia y reacción con modelos eficientes de proximidad social, lo cual genera un escenario frágil para el respeto de los Derechos Humanos. Parece que poco va a cambiar en este sentido con el relevo en el ámbito federal, ya que el nuevo presidente ha dicho que el país no está listo para el retiro del Ejército y la Marina de las calles de las ciudades.
Uno de los temas más sensibles es la salud pública, en donde el gobierno de Riquelme, como los anteriores, sigue quedando a deber. Pese a las constantes denuncias por la falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos dependientes del estado, el problema no ha sido resuelto de fondo con la consecuente afectación en la atención a los pacientes con menos recursos. Si bien es cierto que esta problemática no es exclusiva de Coahuila, se percibe que no existe la capacidad para atenderla toda vez que la Secretaría de Salud del estado ha caminado hacia una mayor burocratización con la creación de nuevas coordinaciones que en vez de agilizar la toma de decisiones, la complican. A esto hay que sumar el déficit regional de unidades médicas, ya sea por falta de nuevas u omisión en la rehabilitación de las existentes.
Mención aparte merece el problema magisterial en donde el servicio médico ha sido blanco de duras críticas por las deficiencias y los costos para jubilados y pensionados, un tema que ha sido resuelto de momento parcialmente luego de la toma del Congreso local por parte de los maestros afectados. Sobre este particular, falta ver si se cumplen los acuerdos establecidos y el servicio mejora como se prometió.
Por último está el aspecto político. Los esfuerzos del gobernador Riquelme han estado centrados en construir confianza desde una posición de poder con los ayuntamientos, sobre todo con los de oposición. Pero ha habido desencuentros, como en el caso de Torreón, principalmente en materia de seguridad, que han sido superados tras la exigencia de coordinación hecha por la sociedad civil y la Iniciativa Privada. Por otra parte, el Congreso local de frágil mayoría opositora ha dejado poco margen de maniobra al gobernador, aunque el PRI ya opera para sumar a su causa a diputados de otros partidos con convicciones endebles.
Pero el panorama para el próximo año se antoja más complejo para entidades como Coahuila, debido al cambio de las reglas del juego con la llegada de Morena al poder federal. La presencia de un superdelegado con amplias facultades de operación y supervisión representará para el gobernador un contrapeso inusual que puede redundar en la pérdida de control sobre el gasto federalizado y la disminución del poder de influencia o injerencia en los ayuntamientos que, ante diferencias con el Gobierno estatal, podrán buscar cobijo con el nuevo coordinador federal, Reyes Flores, que se perfila como el segundo hombre fuerte del estado.
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