En los últimos días han sido tema nacional los supuestos nexos que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico mexicano.
Reportajes publicados por Propublica y DW, sostienen que a cambio del dinero, los criminales buscaban que el eventual gobierno de AMLO facilitara sus operaciones y realizara nombramientos a modo.
Los trabajos independientes, firmados por Anabel Hernández y Tim Golden, coinciden en que el gobierno de Estados Unidos investigó el tema con testigos protegidos y diversas indagatorias en ambos lados de la frontera, incluyendo una operación encubierta para contactar con personajes cercanos al actual presidente de México.
Los reportes apuntan que Nicolás Mollinedo, ex chofer de López Obrador, y Mauricio Soto, actual miembro del congreso nacional de Morena, recibieron el dinero y se comprometieron a hacer realidad las exigencias del crimen organizado.
La publicación de Anabel Hernández afirma que Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono con Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” para agradecerle el apoyo.
(AMLO) dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante.
Tim Golden escribió que la investigación no concluyó si López Obrador conoció las donaciones reportadas por los traficantes, aunque sí hay evidencia de que “uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto”.
La investigación
El vínculo entre criminales y allegados a López Obrador se formó en una reunión en Puerto Vallarta, en enero de 2006.
El encuentro supuestamente fue convocado por Francisco León García, un empresario minero de Durango que se postuló al Senado con la alianza de López Obrador, y quien tenía contacto con Sergio Villarreal, cabecilla del cártel de Los Beltrán Leyva.
El reporte de DW afirma que León y otro empresario acudieron con el apoyo y conocimiento de López Obrador; en ese encuentro se acordó que “a cambio de una inyección de efectivo la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes”.
Según estas versiones, se hicieron tres entregas de dinero en una casa de la colonia Polanco, donde Mollinedo y Soto Caballero tenían una oficina.
La investigación apunta que el dinero fue entregado por Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, quien posteriormente se entregó a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y se convirtió en testigo protegido.
Las versiones apuntan que el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar el tema; después de superar barreras políticas internas lograron armar una operación encubierta en la que el testigo protegido contactó a Soto, uno de los allegados de AMLO que supuestamente participó en las reuniones.
Los agentes encubiertos lograron involucrarlo en un esquema para traficar cocaína, por lo que al ser descubierto Soto no tuvo otra opción que convertirse también en testigo protegido.
Soto dijo a los agentes que el dinero del crimen organizado fue entregado a Mollinedo, el ex chofer de AMLO.
Después de diversas barreras internas, la DEA consiguió el aval para realizar una investigación encubierta en México. Agentes entrenaron a Soto para hablar con Mollinedo con un aparato para grabar la conversación.
Según las fuentes citadas, en una conversación Mollinedo reconoció que sabía de las entregas de dinero de 2006, aunque Soto no lo “presionó” para dar más elementos.
Mollinedo dijo a Propublica que no manejó dinero en efectivo durante esa campaña presidencial.
Los reportes coinciden en que la investigación se canceló por falta de apoyo en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, que no quería intervenir en los comicios presidenciales de 2012 y que recibía críticas continuas por el fracaso de la operación Rápido y Furioso.
“La Barbie” planeó secuestrar al presidente del TEPJF tras derrota de AMLO en 2006
Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, narcotraficante y sicario que perteneció a los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, estaba tan molesto con los resultados electorales de 2006 que le dieron el triunfo a Felipe Calderón, que planeó secuestrar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Leonel Castillo González, para intentar revertirlos, según una investigación publicada este martes por la agencia ProPublica.
Además de revelar que un operador del Cártel de Sinaloa habría entregado hasta 2 millones de dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el periodista Tim Golden indicó que “La Barbie” envió un convoy armado al tribunal electoral.
Sin embargo, este habría regresado porque al llegar al recinto encontraron a elementos del Ejército resguardando la zona.
“La Barbie” también habría entregado recursos para alimentar a los manifestantes que se mantuvieron por un mes en Paseo de la Reforma tras la convocatoria de López Obrador en protesta por los resultados de la elección.
En la trama para acordar la entrega de recursos del crimen organizado a la campaña de 2006 también estuvo involucrado Nicolás Mollinedo Bastar, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y jefe de la logística de la campaña del izquierdista.
El reportaje destaca que Mollinedo, conocido como “Nico”, era una especie de “celebridad mexicana” que estuvo al lado de López Obrador en el sedán Nissanblanco, icono del discurso contra los excesos de la política mexicana.
Mollinedo continuó siendo cercano a López Obrador mientras el morenista preparaba su segunda candidatura presidencial.
El papá de “Nico” fue amigo cercano de López Obrador desde que este era activista en Tabasco, indica ProPublica.
ProPublica también indica que Mollinedo fue protagonista de uno de los primeros escándalos políticos vinculados con López obrador en 2004, cuando diferentes medios de comunicación señalaban que el chofer ganaba el sueldo de un subsecretario en el gabinete municipal.
Tras esas revelaciones, López Obrador lo defendió diciendo que era más que un simple chofer, dado que también trabajaba como su coordinador de logística e incluso formaba parte de su equipo de seguridad.
Según el reportaje, la fuente principal de todas las revelaciones a las autoridades estadounidenses fue un abogado de 28 años llamado Roberto López Nájera, quien le dijo a la DEA que era el consejero dentro de los cárteles en los que operaba “La Barbie”.
López Nájera sospechaba que para el 2010, cuando varios funcionarios mexicanos fueron detenidos por sus testimonios, Mollinedo seguía trabajando con el narcotráfico.
En septiembre del año pasado, Latinus reveló que la familia del ex chofer de López Obrador se prepara para hacer negocio con el Tren Maya, ya que la estación Tulum se encuentra al lado de un parque turístico que es propiedad de la familia Mollinedo Portilla y es administrado por los hijos de “Nico”: Nicolás, Samuel e Isaac René.
AMLO les responde
Yo tengo que renunciar a la Presidencia si sale una llamada con “La Barbie”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un reportaje en el que se mencionó una supuesta conversación que sostuvo con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal.
En su conferencia mañanera de este viernes 9 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra el periodista Tim Golden y ProPublica por el reportaje sobre supuesto dinero del narco para su campaña presidencial de 2006, además que también señaló a la periodista Anabel Hernández.
“Salga una conversación como la sostuvieron ellos o la otra periodista mercenaria cuyo nombre es preferible olvidar, de una plática que tuve por teléfono con ‘La Barbie’, sale esa plática, pues yo tengo que renunciar, me tengo que ir”, expresó López Obrador.
“Pero por eso, cuáles verdades, y qué incomodidad me puede producir. ¡No! Me sirve”, agregó el presidente al mostrar la respuesta de ProPublica a la invitación que hizo a Tim Golden a asistir a la mañanera.
“Aunque (Tim) Golden podría disfrutar el debate, no aparecerá en el programa matutino”, respondió así el editor en jefe del medio ProPublica, Stephen Engelberg.
Luis Cresencio Sandoval alertó que ex escolta de AMLO estuvo preso, acusado de vínculos con el narco: MCCI
Los tres correos fueron enviados con menos de una hora de diferencia el 12 de septiembre de 2019. La urgencia para que los oficios surgidos de la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional llegaran a manos del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, era notoria.
Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor, envió los correos a su equipo de ayudantía tan pronto comenzó el día. Adjunto en uno de los correos, se encontraba un oficio que el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, remitía al fiscal Gertz Manero.
Y en él, una advertencia: el recién nombrado titular de la Subprocuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, habría designado como director del Cuerpo Técnico de Control a un militar en retiro que era señalado de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva en las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Su nombre? Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, uno de los militares en retiro que integraban el equipo de seguridad del presidente López Obrador durante su campaña en 2006.
Equipo que fue encabezado por el actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.
Dentro de la estructura orgánica de la FGR, el Cuerpo Técnico de Control (CTC) es una unidad especializada dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO). Su función es ejecutar los mandatos de la autoridad judicial en materia de intervención de comunicaciones privadas, extracción de información y localización en tiempo real de líneas telefónicas asociadas a equipos móviles.
En resumen, el CTC es una de las pocas unidades en el país que están facultadas legalmente para intervenir dispositivos móviles con la autorización de un juez federal.
La información anexada por el secretario Cresencio Sandoval alertaba que, en las bases de datos de la SEDENA, existen reportes que indican que el exintegrante del equipo de seguridad de López Obrador, Silvio Hernández Soto, habría dado protección a los Beltrán Leyva –entonces parte del Cártel de Sinaloa– desde el año 2007.
Los documentos enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional y recibidos por la Fiscalía General de la República contenían el siguiente documento pormenorizado con los antecedentes del recién nombrado director del CTC:
Investigaciones periodísticas publicadas el pasado martes 30 de enero por la agencia alemana Deutsche Welle, el sitio estadounidense Propublica y la organización InSight Crime, mencionan que desde 2010 la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) recabó testimonios sobre la presunta entrega de 2 millones de dólares del Cártel de los Beltrán Leyva a la campaña de López Obrador en el 2006, año en el que Silvio Hernández Soto formaba parte del equipo de seguridad del hoy presidente. Los tres reportajes citaron como informante de la DEA a Salvador López Nájera, alias “Jennifer”, quien fue miembro del cártel de los Beltrán Leyva.
El reportaje de Propublica menciona que en una grabación clandestina realizada en mayo de 2011, el ex chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo, le dijo a un informante de la DEA que estaba preocupado porque dos miembros del equipo de seguridad de López Obrador en la campaña del 2006 habían sido detenidos en México y temía que fueran presionados para revelar que tenían conocimiento de las aportaciones del narcotráfico.
Sin embargo, el único exintegrante del equipo de seguridad de AMLO detenido en esa fecha era Marco Antonio Mejía López, a quien la PGR detuvo en febrero de 2009 por cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud por supuestamente trabajar para el Cártel de Los Zetas.
La detención de Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, de quien, ahora se sabe, Luis Cresencio Sandoval alertó al fiscal general Alejandro Gertz Manero por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, se dio hasta mayo de 2012.
En distintas entrevistas realizadas a partir de la publicación del reportaje de Propublica, Mollinedo negó haber recibido dinero del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006 y calificó los señalamientos que lo involucran como parte de una campaña sucia que intenta dañar la imagen del Presidente López Obrador en el actual año electoral.
Las razones de la alerta del general Sandoval
El oficio en el que el general Luis Cresencio Sandoval alertó al fiscal Gertz Manero sobre el nombramiento de Hernández Soto como director del CTC tuvo un detonante.
El 11 de septiembre de 2019, un día antes de enviar el oficio al fiscal general, el secretario Luis Cresencio Sandoval recibió un informe clasificado como “secreto” del entonces subjefe de Inteligencia del Estado Mayor, el General de Brigada Inocente Fermín Hernández Montealegre.
En el informe, Hernández Montealegre reportaba a Sandoval sobre los pormenores de una reunión que había tenido el 9 de septiembre de 2019 con el recién nombrado subprocurador de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal. El motivo de la reunión entre Hernández Montealegre e Higuera Bernal era discutir quién sería el militar en activo –o en retiro– que supliría al coronel José Sigifredo Valencia Rodríguez, quien desde el 2015 dirigía el Cuerpo Técnico de Control de la PGR.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la SEDENA extendió su control sobre otras instituciones civiles y la Procuraduría General de la República no quedó exenta de la expansión castrense.
A través de militares en retiro y militares adscritos al Grupo de Análisis de Información Contra el Narcotráfico (GAIN) –dependiente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor–, la SEDENA asumió la dirección del Cuerpo Técnico de Control, desde donde entonces controla y opera las intervenciones telefónicas que autoriza el Poder Judicial a la FGR.
El subjefe de Inteligencia del Estado Mayor le informó al secretario Luis Cresencio Sandoval que el subprocurador de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, había aceptado dar continuidad para que las vacantes generadas en el CTC fueran cubiertas por personal militar “con el mismo grado de profesionalismo y fiabilidad de los antes nombrados”.
Sin embargo, hubo un párrafo que prendió las alertas del general secretario:
“En dicha reunión, el Lic. Higuera manifestó que por indicaciones del Director del Cnto. Nal. de Intl,. se nombró al C. Tte. Cor. Cab. Ret. Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto como Dir. del C.T.C.F.G.R. en sustitución del Tte. Cor. Valencia Rodríguez, agregando que el Jefe Hernández Soto es una persona allegada al C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional”.
Lo reportado no dejaba lugar a interpretaciones. Hernández Montealegre le informaba al general secretario que, de acuerdo con lo dicho por el subprocurador de la SEIDO, la indicación de designar a Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto como director del CTC provino directamente del director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.
La intervención de Audomaro Martínez en el nombramiento del director del CTC contravendría el artículo 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Estructura Orgánica de la FGR, que establecen que el Cuerpo Técnico de Control es una unidad dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Años atrás, en 2006, Hernández Soto había estado bajo las órdenes de Audomaro Martínez Zapata cuando éste último era el encargado del equipo de seguridad del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
En mayo de 2012, durante las campañas presidenciales de ese año, Hernández Soto fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Tras ser cuestionado por la prensa sobre la detención de Hernández Soto, Audomaro Martínez tomó distancia de quien había sido su subordinado en 2006:
“Yo lo conocía bien (desde 1998), lo jalé a trabajar aquí, después se fue a Sinaloa y a Veracruz. Mientras estuvo aquí (en el equipo de seguridad de AMLO) estuvo limpio de cualquier acusación. Lo que haya hecho después no es mi problema”, declaró en aquella ocasión Audomaro Martínez.
Casi catorce años después, Audomaro Martínez Zapata, ya como director del Centro Nacional de Inteligencia, le habría dado “indicaciones” al subprocurador de la SEIDO para designar a su excolaborador como director del Cuerpo Técnico de Control, una de las áreas más estratégicas para el combate contra la delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República.
Una razón más de preocupación para Cresencio Sandoval: según los documentos militares, Higuera Bernal habría afirmado en la reunión con el subjefe de Inteligencia del Estado Mayor que Hernández Soto era “una persona allegada al C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional”.
Es por este motivo que, en su carta dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero, el secretario de la Defensa Nacional se deslindó del exintegrante del equipo de seguridad del presidente López Obrador:
“Cabe mencionar que el suscrito no mantiene ninguna relación de tipo personal con el referido Teniente Coronel y mucho menos algún interés en recomendarlo para desempeñar un cargo público, por lo que la relación entre el citado Jefe y esta Secretaría es estrictamente institucional, por ser un militar en situación de retiro”.
El informe del entonces subjefe de Inteligencia no lo menciona, pero el subprocurador Higuera Bernal también fue superior jerárquico de Hernández Soto entre 2008 y 2011, cuando Higuera encabezaba la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y Hernández Soto dirigía la Policía Ministerial del Estado.
En 2007, cuando Higuera Bernal ocupaba el cargo de subprocurador regional de la procuraduría sinaloense, fue señalado por la revista Proceso de asistir a la boda de Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro en una comunidad serrana del Triángulo Dorado en Durango. Algo que el propio Higuera ha negado en reiteradas ocasiones.
En resumen: tanto el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, como el subprocurador de la SEIDO (ahora FEMDO), Alfredo Higuera Bernal, fueron, en algún momento, superiores jerárquicos de Silvio Hernández Soto.
Y ambos habrían buscado su designación al frente del Cuerpo Técnico de Control de la FGR.
La detención del ex escolta, por acusaciones del testigo de la DEA
Seis años después de haber formado parte del equipo de seguridad de López Obrador durante la campaña presidencial del 2006, Silvio Hernández Soto fue detenido el 15 de mayo de 2012 por elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República e internado en el penal del Altiplano.
Su detención fue parte de la “Operación Limpieza” que la PGR, entonces encabezada por Marisela Morales, realizó por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva en contra de varios miembros del Ejército como el General Tomás Ángeles Dauahare, quien se desempeñó como subsecretario de la Defensa Nacional durante los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón.
Como parte de las investigaciones, la Procuraduría abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, donde señalaba a Hernández Soto y a otros cuatro altos miembros de la SEDENA –entre ellos Ángeles Dauahare– de dar protección a los Beltrán Leyva y de ser responsables del delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer ilícitos contra la salud.
Las acusaciones de la PGR estaban sustentadas en una denuncia anónima y en las declaraciones de los testigos colaboradores ‘Mateo’ y ‘Jennifer’, quienes en realidad se trataban de dos miembros del cártel de los Beltrán Leyva: Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’ y Roberto López Nájera, el primero de ellos sentenciado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y uno de los principales testigos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El caso no llegó a juicio. Cinco meses después del arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia, la falta de pruebas que permitieran corroborar las acusaciones de ‘El Grande’ y López Nájera orilló a la PGR a retirar los cargos contra el teniente en retiro Silvio Hernández Soto y los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González.
A pesar de que en México fue absuelto y liberado, el general Luis Cresencio Sandoval decidió alertar en 2019 al fiscal Gertz Manero sobre las sospechas que la SEDENA aún tiene sobre los presuntos nexos de Silvio Hernández Soto con el narcotráfico e incluyó reportes, hasta ahora inéditos, que se encuentran en los archivos castrenses.
De acuerdo con el anexo que el secretario Sandoval hizo llegar al fiscal Gertz Manero, López Nájera (‘Jennifer’) declaró que Hernández Soto, ya como militar retirado, le presentó en febrero de 2007 en el restaurante del Campo Marte a otro militar –cuyo nombre no se menciona– para que lo ayudara a gestionar el aterrizaje de aeronaves cargadas de droga en el aeropuerto de Cancún.
Los archivos internos de la SEDENA también revelan que, el 12 de julio de 2008, personal militar detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Erick Alonso Rivas Ríos “El Pollo”, responsable de una célula de sicarios del Cártel de Sinaloa. Tras su detención, Rivas Ríos manifestó que el director de la Policía Ministerial del Estado –que en aquel entonces era Hernández Soto– “se encontraba cooptado por el Chapo Guzmán”.
En otro hecho, el 17 de septiembre de 2009 personal de las Fuerzas Especiales del cuerpo de la Policía Militar detuvo en Culiacán a un sujeto en posesión de un vehículo blindado, un arma corta y un cuaderno de apuntes, en donde se localizaron cuatro hojas de cuaderno sueltas con diversos datos y nombres de autoridades, entre ellos el de Silvio Hernández Soto.
El ex escolta estuvo asignado a la Guardia Nacional
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo corroborar que, al menos desde octubre de 2021, el actual director del Cuerpo Técnico de Control de la FGR es Héctor Gerardo Rubio Gurrola, un Mayor de Infantería adscrito a la Subjefatura Operativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
MCCI solicitó a la FGR –vía transparencia– conocer si Silvio Hernández Soto asumió la dirección del CTC a pesar del alertamiento del secretario de la Defensa Nacional. Y, en caso de que así haya sido, conocer la fecha en la que la asumió la dirección del CTC y su fecha de terminación en el cargo.
La Fiscalía reservó la información argumentando que divulgarla volvería identificables a los servidores públicos y pondría en riesgo su integridad, así como a la operatividad de la institución.
Un amparo presentado por Hernández Soto en julio de 2021 revela que ocupó un cargo en la Guardia Nacional tras su intento de nombramiento como director del CTC de la FGR.
El amparo fue presentado después de que la Guardia Nacional lo obligara a presentarse a trabajar durante la pandemia a pesar de que Hernández Soto padece hipertensión arterial sistémica y, en consecuencia, forma parte de un grupo vulnerable.
MCCI solicitó a la Guardia Nacional conocer los cargos que Hernández Soto ha desempeñado, pero también se negó a otorgar la información bajo el mismo argumento de la FGR: hacerlo implicaría un riesgo para la integridad de los funcionarios y la operatividad de la institución. Por lo tanto, se desconoce si permanece como funcionario público.
“¿Qué nos hizo? lo que el viento a Juárez”. AMLO responde tras acusaciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que le hizo “lo que el viento a Juárez” el artículo del periodista Tim Golden –que señala que en 2006 su equipo de campaña presuntamente habría recibido dos millones de dólares del Cartel de Sinaloa-.
“Se lanza con un reportaje sin pruebas, pero además de pura casualidad en estos momentos (elecciones), y ¿qué nos hizo? lo que el viento a Juárez y le metieron, pero bastante”.
En conferencia de prensa, el Mandatario acusó que fue una campaña en redes sociales como Equis con 170 millones de menciones donde sus adversarios promovieron desde el extranjero la leyenda con el “Presidente narco AMLO”.
No obstante, el presidente López Obrador dijo que su administración no limitará la libertad de expresión, que garantiza el derecho a disentir, razonar y argumentar.
“Lo que ya no se puede es hacer una denuncia sin pruebas, porque eso nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, cuando se lanza este periodista famoso, mentiroso, calumniador, que tiene hasta dos premios internacionales (Pulitzer), se lanza no, con un reportaje sin pruebas”.
‘La historia no ha terminado’: Anabel Hernández
La periodista Anabel Hernández señaló que la historia sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador ‘no ha terminado’, pues le ha dado seguimiento desde 2019 y ha acumulado documentos y testimonios que dará a conocer en el futuro. Señaló que Mauricio Soto Caballero miente al decir que no tiene que ver con la investigación de la DEA, pues documentos y ex agentes de la institución han comprobado su participación. Asimismo, comparó este caso con el de Salvador Cienfuegos, cuyo caso fue cerrado por temas políticos sin que se dijera si es inocente o culpable.
Bárcena asegura la DEA cerró el caso sobre campaña de AMLO
La canciller Alicia Bárcena Ibarra aseveró que la investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2006 es un “asunto cerrado” para la Casa Blanca, pues las indagaciones no encontraron “ningún tipo de delito”.
Al salir de una reunión en Palacio Nacional, previa al encuentro trinacional sobre migración que se llevará a cabo mañana, Bárcena rechazó que el gobierno de Joe Biden deba presentar disculpas por la publicación de reportajes derivados del expediente –cerrado– de la DEA.
“Es un tema de que no proviene de la oficina, ni del presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Esto es un tema que proviene más de la DEA”, comentó, y agregó: “es un tema más bien electoral, político”.
Agregó que la DEA depende del Departamento de Justicia, y que “se verá que es lo que ocurre ahí”.
Según el reporte de Golden, agentes antidrogas estadunidenses descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que los principales traficantes de cocaína habían canalizado unos dos millones de dólares hacia la primera campaña presidencial del tabasqueño.
Antes de las acusaciones en su contra, AMLO calificó a Hernández como valiente y excepcional
Desde hace años, Anabel Hernández ha llevado a cabo diferentes investigaciones, en su momento fueron contra el gobierno de Felipe Calderón.
Hernández acusaba a Genaro García Luna de nexos con el narcotráfico. En ese entonces, AMLO la calificaba de ser una mujer profesional, valiente y excepcional. Actualmente, García Luna lleva un proceso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
La diferencia hoy día, es que las investigaciones lo delatan a él. Y por lógica conveniencia para él, Anabel Hernández, dejó de ser la profesional que era. Y ahora la acusa de ser una calumniadora.
Por otro lado, la DEA en ningún momento ha dado un comunicado oficial, donde se mencione que las investigaciones en el caso de AMLO ya están cerradas, a pesar que Alicia Bárcena actual secretaria de Relaciones Exteriores diga lo contrario.
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“Lo que otros no dicen”