La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió este domingo que se revise la legalidad del decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (que emitió el viernes) por el cual retiró la concesión a la empresa Ferrosur, de Grupo México, para dársela a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado, la Coparmex señaló que la revisión es para evitar que haya una arbitrariedad y que todo sea apegado a la legalidad, ya que Ley de Expropiaciones establece un procedimiento para emitir la declaratoria.
“La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y garantías para su derecho de audiencia”, indicó la Coparmex.
Y agregó: “Coincidimos con la autoridad en la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones menos favorecidas, pero debe ser mediante el diálogo como pueden resolverse los problemas.”
Asimismo, aseguró que en los últimos meses han visto un reiterado hostigamiento del poder Ejecutivo hacia el Judicial por las decisiones que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han tomado al dar marcha atrás a la militarización de la Guardia Nacional y a la primera parte del plan B de la reforma electoral.
“La separación de poderes es precisamente el mecanismo establecido en nuestra Constitución para tener equilibrios, por lo que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pueden pretender estar por encima del Judicial”, apuntó.
De igual forma señaló que hay un desacato del Senado de la República para nombrar a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues se han negado a dar un periodo extraordinario para elegirlos por “un capricho de las autoridades”.
“El INAI que es una institución clave para que los ciudadanos podamos gozar de nuestro derecho de acceso a la información pública se encuentra inoperante desde el primero de abril, por lo que nuestro derecho no puede ejercerse por un capricho de las autoridades y su insistencia de operar en la opacidad y discrecionalidad que abren la puerta de par en par a la corrupción”, indicaron.