En lo que va de la presente administración federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero, que han significado el congelamiento de 7 mil millones 500 mil pesos.
Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala que derivado de esto, del 1 de enero de 2019 al 7 de diciembre de 2020, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, ha presentado 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La cantidad de dinero bloqueado dista de lo registrado en los dos últimos años de la administración pasada: en 2018 fueron de 70 millones 630 mil 347.57 pesos, y un año antes 92 millones 413 mil 177.36, para un total de 163 millones 43 mil 524.93 pesos.
Como parte de las facultades de la UIF, el sistema financiero le entrega información sobre operaciones relevantes, inusuales, preocupantes, transferencias internacionales, operaciones con dólares en efectivo, cheques de caja y en centros cambiarios.
Además, revisa información sobre actividades vulnerables, como juegos con apuestas, casinos y sorteos, tarjetas de servicio, crédito y prepagadas, cheques de viajero, préstamos o créditos con o sin garantía, servicios de construcción, comercialización de bienes inmuebles, piedras y metales preciosos, subastas y comercialización de arte, entre otros.
La unidad analiza los datos para realizar evaluaciones y diagnósticos de inteligencia que posteriormente pueden terminar en denuncias ante la FGR o las fiscalías locales, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Procuraduría Fiscal o a la Secretaría de Función Pública (SFP) y en la inclusión de los sujetos a la lista de personas bloqueadas.
De las 31 mil cuentas bancarias bloqueadas, 7 mil fueron congeladas entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. En agosto pasado, EL UNIVERSAL informó que estos bloqueos formaron parte del llamado Operativo Agave Azul y el monto de los activos llega a mil tres millones 208 mil 738.7 pesos.
El mismo mes, EL UNIVERSAL dio cuenta de diversos litigios emprendidos por entes vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz El Marro, quienes buscan liberar más de 35 millones de pesos que han sido bloqueados por la UIF.
Entre las cuentas que ha bloqueado la UIF están las de Rosario Robles Berlanga.
Los bloqueos fueron ejecutados el 8 de marzo y 22 de noviembre de 2019 contra 88 personas físicas y morales vinculadas a dicho cártel y aplicaron a un monto de 35 millones 493 mil 696 pesos. De las 88 personas bloqueadas, cinco lograron, a través de suspensiones judiciales, tener acceso a sus cuentas.
Ven fallas en acciones
Al respecto, el especialista en temas de seguridad Alejandro Hope señaló que el problema con los bloqueos que ejecuta la UIF es que difícilmente se sabe qué hay y a quién pertenecen.
Explicó que en materia de combate al crimen organizado los bloqueos no van a acabar con la delincuencia, pero sí pueden proteger la economía legal.
“El tamaño de la economía ilícita es de varios miles de millones de dólares al año (…) No vas a secar nunca la economía ilícita, pero puedes proteger de alguna manera la economía lícita, porque puedes hacer más difícil que se contaminen algunos sectores legales, pero ¿vas a derrotar al crimen organizado nada más con contadores?, pues no”.
Añadió que el valor disuasivo de la UIF se ve limitado también por la capacidad de llevar las investigaciones a denuncias ante la FGR, judicializaciones, detenciones y sentencias.
“¿De qué sirve congelar, si los descongelan seis meses después? Lo interesante va a ser el flujo. De los que congelan, qué pasa al año siguiente.
“Está bien el congelamiento de cuentas, pero la pregunta es saber qué pasa después”, añadió el experto Hope.
Luis Cobos, especialista en combate al lavado de dinero señaló que las acciones de la UIF han sido fundamentales en el combate a la delincuencia organizada, mientras que la colaboración interinstitucional es clave para lograr la judicialización y posterior condena de los casos.
“A partir de la última reforma del a las reglas de carácter general a las que se refiera la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se sientan las bases para la profesionalización de los responsables del cumplimiento de la referida ley a través de un proceso de certificación”, explicó el también exfuncionario de la extinta PGR.
Añadió que para robustecer el sistema de prevención del lavado de dinero es fundamental que los particulares conozcan la ley vigente en la materia e invitarlos a cumplirla también para evitar costosas sanciones.
Los bloqueos de esta administración también incluyen los de las cuentas relacionadas con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sus empresas y sus familiares involucrados en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Algunas de esas cuentas son de la emprsa Yacani, S. A. de C. V., propiedad de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, que a pesar de que pidió amparo contra el bloqueo, éste permanecerá vigente hasta que concluya la investigación contra el exfuncionario por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados y se dicte sentencia definitiva.
Otras cuentas son las de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, actualmente vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa maestra.
Durante su audiencia inicial en julio de 2019, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano informó que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas, de las cuales sólo una tiene 26 mil pesos, pues el resto están vacías.
El Universal