Varios pendientes por resolver tiene esta administración coahuilense de la tercera versión, a saber: Obra pública, empleo, desarrollo humano y seguridad.
Esta última que no deviene de la falta de presupuesto, sino de una ausencia de visión y estrategia inteligente para devolver a los ciudadanos de a pie, la tranquilidad de andar por la calle o recorrer sus caminos sin preocupaciones.
Suntuosas ceremonias, alardeantes declaraciones, triunfalistas sesiones y falsos resultados, engloban el proceder de la autoridad que gasta presupuesto en el evento, pero ahorra en asesores y expertos en seguridad pública.
La historia es la de siempre: se elige titulares de grupos policiacos a todos aquellos que “conocen” la zona, esto en el sentido de las rutas que toman los delincuentes y los lugares de atraco previo moche y derecho de piso. La inseguridad es una fuente de riqueza para los cuerpos policiacos porque esta les deja mas ganancia, que proteger a la ciudadanía por un sueldo que apenas alcanza para sus necesidades.
Pruebas de confianza cuyo contenido es dado a conocer con anterioridad a la misma, para que los policías mas “confiables” las aprueben o simplemente cambiando de denominación a los cuerpos de seguridad, borrándose los controles e iniciándolos con periodos de prueba, es la fórmula que han estado utilizando los encargados de la seguridad pública de Coahuila al menos en los 3 primeros años de gobierno, bajo la tutela del hoy alcalde murmurante de Saltillo.
Las cifras de la inseguridad apañan a las declaraciones de éxito, Coahuila se debate entre la zozobra y el miedo y esa es la realidad.
13 ataques armados en contra de corporaciones policiacas en 2021 hablan de la existencia de grupos criminales en los confines del estado; 5 denuncias diarias por delitos sexuales; 17,230 fraudes cometidos y denunciados en lo que va del sexenio; 124 carpetas de investigación abierta por delitos de huachicoleo y 213,750 delitos del fuero común en total desde enero de 2018 a diciembre de 2021, reflejan la realidad de la inseguridad proclamada.
Coahuila en ese sentido y sólo en el fuero común, es mas peligroso para vivir que: Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí y Durango, solo como ejemplo de lugares que han sido señalados como de alta delincuencia.
En el renglón de desaparecidos, por ejemplo, según datos del mismo gobierno: entre 1995 a 2018 la cifra oficial de estos era de 1779 y actualizada a 2021 por la administración vigente llegaron a a 2312 carpetas confirmadas.
Los datos son desastrosos porque confirman que se siguen presentado las temidas desapariciones de personas, en un contexto en donde se supone, se han controlado las acciones de grupos del crimen organizado.
A detalle y por sexenio: con Montemayor: 103 desaparecidos, con Martínez y Martínez: 82 y de ahí el desastre ya que con Betín el bailador: 926, con Rubén N: 668 y hoy con Riquelme:533 casos, estos solo los denunciados por familiares en Coahuila.
En lo que se refiere a denuncia de hechos el panorama se ensombrece, ya que los coahuilenses de plano no confían en sus sistemas persecutorios, según encuestas del ENVIPE, solo el 11% de los delitos son denunciados y de estos el ministerio público hizo carpeta de investigación del 62.8% de ellos, a su vez de esta cifra en el 44.5% de las carpetas de investigación: no pasó nada o no se continuó con la investigación. Es decir, en Coahuila, se sigue el método, de arrancar la hoja y empezar de cero con los delitos.
Siguiendo la encuesta los ciudadanos manifiestan en un 28.5% que no denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo y el 15.6 de plano no confía en la autoridad.
Queda de manifiesto que lo único que cuida la SSP de Coahuila es la cuadratura de las cifras y no la prevención y persecución de los delitos, su titular en lo única que es experta es en comunicación y vaya que manipula la misma.
Estamos condenados por una falta de visión, cinismo y baja moral de quienes deberían cuidar a los ciudadanos, esto lo dice la Constitución local en su articulo 108, que extracto para conocimiento de Riquelme y su secretaria de seguridad: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, transparencia y respeto a los derechos humanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social de la delincuencia con carácter integral, sobre las causas que generan violencia, adicciones, la comisión de delitos y otras conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”.
¿Qué están esperando?
Coahuila, levántate y actúa, deja de ser sumiso.