El Pleno del Senado aprobó una reforma al artículo 419 del Código Penal Federal, para sancionar de manera severa a quien ilícitamente transporte o comercialice recursos maderables, así como a los servidores públicos que faciliten o se involucren en actos para la tala ilegal.
La Asamblea aprobó este dictamen con 80 votos a favor y lo remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, en la sesión del pasado 3 de noviembre.
Con ello se establece que se impondrá una pena de dos a 12 años de prisión y de 500 a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:
“A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada”, en lugar de uno a nueve años de cárcel y de 300 a tres mil días multa que dispone el artículo vigente.
La misma sanción se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.
La reforma sugiere que la pena privativa de la libertad se incremente hasta en cuatro años más de prisión y la pena económica hasta en cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando los recursos forestales maderables provengan de un Área Natural Protegida.
En cualquiera de estos supuestos, además de la sanción a que haya lugar, se impondrá la obligación de participar en acciones o actividades de saneamiento de los ecosistemas forestales por lo menos un año, en términos de la ley de la materia.
Además, las mismas sanciones se impondrán a las y los servidores públicos que faciliten o se involucren en los actos sancionados por este artículo, sin perjuicio de las sanciones administrativas y de responsabilidad de las y los servidores públicos a que haya lugar.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, advirtió que la tala ilegal se ha convertido en un negocio para organizaciones criminales.
Dijo que la tala y la deforestación son fenómenos que afectan la riqueza natural de nuestro país y provocan una transgresión directa sobre los derechos colectivos, además de acelerar los impactos negativos provocados por el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, explicó que la propuesta tiene el propósito de combatir la extracción ilícita de la tala hormiga y las redes de explotación de recursos forestales del crimen organizado, así como proteger los ecosistemas boscosos, las reservas naturales y la diversidad ecológica.
“70 por ciento de la madera que se comercializa tiene origen ilegal, y que actualmente en nuestro país, la tasa de deforestación es de 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil vienen de la tala clandestina”.
En el documento aprobado también se expone que la tala ilegal genera ganancias anuales de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global, según el informe “Justicia para los Bosques”, del Banco Mundial.