Hasta que no se prohíba en la legislación, el fracking seguirá vigente en México, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no permitir más esa técnica, advirtió la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Eso incluye la vigencia de los lineamientos emitidos en 2017 por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que regulan el uso de la técnica en hidrocarburos no convencionales, puntualizó en un comunicado la organización no gubernamental (ONG).
Para ilustrar la dimensión del uso de la técnica, la organización civil Cartocrítica presentó una nueva investigación que incluye un mapa dinámico que permite identificar la intensidad con la que ha sido aplicado el fracking en México. La información muestra que son 7 mil 879 pozos los que han sido fracturados, con lo que suman 36 mil 159 fracturaciones.
De igual manera, detalló que en materia de contratos y asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, existen 26 bloques ya adjudicados, 25 de los cuales son asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El otro es un contrato otorgado bajo la modalidad de licencia firmado en noviembre de 2018 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Pemex Exploración y Producción y la empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V., para la exploración y extracción de recursos no convencionales entre los estados de Veracruz y Puebla, con una superficie de 140.88 kilómetros cuadrados.
En caso de cumplirse el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ninguno de estos bloques podrá ser fracturado nuevamente.
La Alianza Mexicana contra el Fracking destacó las críticas que hizo Roberto Ochandio –experto argentino en materia de extracción de hidrocarburos y los impactos del fracking– a los lineamientos emitidos por la ASEA en 2017, al señalar que “el documento describe las obligaciones de los Regulados, pero no indica cómo se hará para asegurarse que se cumplan estas obligaciones, qué métodos legales se usarán para prevenir daños, o qué consecuencias tendrá el incumplimiento de estas obligaciones.
“Queda todo en manos de los Regulados: monitoreo de operaciones, informe de los eventuales daños, protección del medio ambiente, impactos en la salud y el medio ambiente.
En ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento, penalidades, proscripciones, publicación de estos daños, o compensación a poblaciones afectadas”, puntualizó.