Entre los 43 ciudadanos masacrados en Ayotzinapa y los 37 periodistas asesinados en lo que va del actual sexenio federal, además de cuatro informadores “desaparecidos” y 1 mil 735 agredidos, la diferencia es mínima. Pero ambos genocidios, en sus respectivos contextos, son igualmente significativos y, desde luego, inadmisibles, tanto como que siguen ocurriendo en Chiapas.
La cuestión es que se ha llegado al punto en el que la pérdida de vidas en México por violencia delincuencial, crímenes de estado o una combinación de ambos, se han reducido a simples números y estadísticas oficiales. Pareciera que la preocupación de la autoridad en turno se centrará en establecer cuál gobierno ha cometido o permitido menos asesinatos dolosos. El cinismo en todo su esplendor.
En general, la cantidad de mexicanos que han perecido por las causas mencionadas es no menos que escalofriante. Tan sólo en los periodos presidenciales del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, han caído por lo menos 235 mil compatriotas. No obstante dicha cifra, todavía hay quienes dudan que estemos en guerra.
En tanto, ciertos medios de comunicación le queman incienso al actual régimen, lo cual se explicaría en el hecho de que ellos también se estarían viendo beneficiados con la descomunal erogación, por unos 34 mil millones de pesos, efectuada por la Federación por concepto de publicidad.
La administración de Peña Nieto también habría hecho la adquisición de un sofisticado equipo de espionaje para husmear en la vida por lo menos 22 destacados periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y políticos de oposición.
No, definitivamente no somos una nación de libertades, y es que los mexicanos podemos presumir de muchas cosas, menos de que sea cierta la irrisoria afirmación gubernamental de que priva un estado de derecho. ¿País de leyes? Mientras haya corrupción, la administración de justicia en México seguirá siendo el hazmerreír de naciones donde el respeto a los derechos civiles es una prioridad.
Para constatarlo, baste reproducir aquí el siguiente reporte: “México posee un sistema de justicia criminal peor que el de Irán y un nivel de acceso a la justicia más bajo que el de El Salvador, según el informe Rule of law index 2017-2018, el cual mide a través de ocho puntos el nivel del estado de derecho en el que se desarrollan 113 países del mundo”. El documento fue presentado en Washington por la organización World Justice Project (WJP), como se señala en una nota publicada el miércoles por El Universal.
En efecto, frecuentemente nos enteramos de graves violaciones a los derechos humanos, como de la aprobación de leyes contrarias a la Constitución Política del país y de delincuentes que gozan de impunidad. Sin embargo, todo ello se queda en la queja ciudadana y en la crítica de politólogos y periodistas de café, pues nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato para provocar una verdadera transformación social a partir de regenerar nuestra conciencia ciudadana. ¿Utópico? Sí, para algunos.
El peor error que podemos cometer los mexicanos en este tiempo crítico de nuestra historia es acostumbrarnos a la cruda realidad que tratan de imponernos unos cuantos tiranos. De ninguna manera debemos perder la capacidad de asombro ante la injusticia.
Es preciso permanecer en estado de alerta, incluso al grado de saber identificar las noticias que deberían ser de ocho columnas en los medios impresos, y que sin embargo aparecen publicadas en páginas interiores, por órdenes “superiores”.
Lejos de ocuparnos solamente del mediocre fútbol mexicano, o bien, con las telenovelas recicladas de la televisión comercial o con otros distractores oficiales, como el “chupacabras” creado por Carlos Salinas de Gortari, todos deberíamos hacer acopio de información fidedigna para normar adecuadamente nuestro criterio y de este modo asumir con mayor responsabilidad nuestra responsabilidad ciudadana, en aras del bien común y de un mundo mejor para nuestros hijos.
Ante nuestros ojos se abre un mar de posibilidades para mejorar sustancialmente nuestra realidad. Dentro de las múltiples acciones de cambio se, impone combatir frontalmente la corrupción en todas las esferas de gobierno, como punto de partida para reducir a su mínima expresión a la delincuencia, incluida la de “cuello blanco”, tanto como la violencia y la impunidad.
Por lo demás, estamos llamados a ejercer una democracia participativa, pues obviamente no se trata únicamente de emitir nuestro sufragio en cada proceso electoral, sino de vigilar que nuestro voto sea respetado y, consecuentemente, verificar permanentemente que los proyectos de los candidatos a puestos de elección popular sean fiel y oportunamente realizados. Aunque, a decir verdad, muchos nos daríamos por bien servidos si los funcionarios públicos cumplieran tan sólo con lo que rezan sus respectivos juramentos de toma de protesta.
Cierto, nos encontramos en el “ahora o nunca”. Todos estos pensamientos en voz alta parten de la pesadilla en que se ha convertido nuestro México querido, así que no es tiempo de mantenernos pasivos cuando todos los días nos enteramos de abusos, muertes, corrupción y demagogia.
Es hora, pues, de que nuestras quejas, críticas y sentimientos de indignación se traduzcan en una transformación nacional, la cual sólo puede venir de la misma colectividad, no precisamente de un presidente desacreditado o de un partido político servil, mucho menos de la Iglesia, que más bien debería estar ocupada en resolver sus casos de pederastia. (palabras_mayores@hotmail.com).