Una pared se rompió y la acumulación de agua inundó las galerías de un “pocito” carbonero donde murió Ramón Sánchez Arellano, el único de los 14 mineros que trabajaban en el subsuelo de un área que, de tan irregular, ni nombre tenía, pero la gente de la zona solía identificarla por el apodo del capataz, el mismo con el que quedó registrada aquella tragedia del 30 de julio de 2010: el Pocito Boker.
Plutarco Ruiz Laredo, otro obrero, sobrevivió en el socavón durante una semana. De entre la oscuridad y la humedad, sin alimentos, salió con vida aunque con daños físicos y psicológicos.
Tras el siniestro, la mina quedó inservible y clausurada. Era propiedad de Eduardo Morales, quien después se puso a explotar el carbón de las paredes de unos viejos túneles en desuso, pero el 25 de julio de 2012 unos soportes desvencijados no resistieron más y de nuevo otra tragedia: seis mineros murieron a unos metros del primer incidente.
Morales no se detuvo, sólo cambió la razón social de su compañía para seguir operando, y el 28 de marzo de 2014 otros dos obreros del carbón perdieron la vida sepultados por un alud en unas cuevas cercanas a los anteriores siniestros.
El saldo es de tres accidentes y nueve trabajadores muertos por condiciones inseguras en minas irregulares; entre las anomalías destaca el hecho de que sus empresas no pagaron las indemnizaciones correspondientes.
Morales, sin límite en sus negocios, a finales de octubre -vía su hijo homónimo- obtuvo dos contratos de carbón con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado cuyo titular, Manuel Bartlett, destinó en un acto masivo -ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador- la reactivación de las compras a las minas rudimentarias de la región carbonífera de Coahuila.
A Carkim Industrial la CFE le otorgó un contrato por 20 mil 520 toneladas, un ingreso de 21 millones 224 mil pesos. A Rodamientos y Equipos de Sabinas le asignó otro, pero sus montos se desconocen… Ambas empresas son de Morales.
Esos contratos son parte de los 54 asignados por la CFE a pequeños productores de carbón para alimentar las carboeléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila, localidad cercana a la frontera.
Aunque oficialmente la asignación de contratos evaluó diferentes condiciones de legalidad, el propio reporte de la CFE identificó en buenas condiciones a 12 de las 54 empresas, 33 más tienen pendientes de cumplimiento, ocho están pendientes de clarificar aspectos fiscales, laborales, ambientales y de seguridad, y sobre una no hay datos porque acaba de firmar con la CFE.
Sin embargo, una revisión sobre la información oficial, hecha por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), revela negros antecedentes de las empresas participantes.
De las 54 compañías en cuestión, 43 tienen un historial de operaciones irregulares, de muertes por negligencia en la extracción o por condiciones de incumplimiento con normas básicas laborales, ambientales o de seguridad.
Diez mineras más tienen pendientes por solventar y sólo una reúne los requisitos que pueden evitar un incremento de decesos o enfermedades en los trabajadores, así como impactos sociales y ambientales.
Las inconsistencias de la CFE en el registro de las empresas contratadas están en no revisar los antecedentes de las concesiones, accionistas y procedimientos, así como de las manifestaciones de impacto ambiental, y en omitir contrastar esa información con las inspecciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Desde 2001 los mismos empresarios con diferentes razones sociales o centros de trabajo mantienen ingresos millonarios por proveeduría con la CFE a partir del carbón extraído en las condiciones de trabajo más precarias.
SOFISMA AMBIENTAL
El 24 de octubre, el presidente López Obrador visitó la carboeléctrica “José López Portillo”; en su discurso planteó la intención de que las dos termoeléctricas de la zona trabajen a su máxima capacidad.
Para conseguirlo ofreció adquirir el carbón a los productores de la región con el objetivo de mantener las fuentes de empleo. Fue cuando desató la polémica al hacer una declaración relacionada con la supuesta subutilización de las carboeléctricas de la CFE consecuencia, según él, de los intereses privados en las energías limpias:
“Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la CFE ya son viejas y contaminan y que, por lo mismo, era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o energía solar… Energías que, en efecto, no contaminan, pero están subsidiadas, produzcan o no produzcan. La CFE, con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, les tiene que comprar la energía eléctrica”.
A partir de 2020 México debe implementar un plan de reducción del uso del carbón a fin de que la producción de electricidad basada en ese mineral desaparezca a más tardar en 2030 en los países de la Unión Europea y en los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual el país es parte, pero el anuncio del presidente contraviene esos compromisos asumidos en la COP-23, celebrada en 2017.
El discurso presidencial del 24 de octubre pasado destacó los negocios privados en el sector energético, afirmando que los únicos negocios que deben importar a los servidores públicos son los públicos, insistiendo en su compromiso de campaña de no aumentar las tarifas de electricidad y volver sobre el tema del carbón.
En el contexto de un reclamo emitido por congresistas estadounidenses que denuncian obstrucción de las inversiones en energías limpias, el presidente atajaba así el tema ambiental y reivindicaba lo que -dijo- era su compromiso por apoyar a los productores de carbón y activar la economía regional.
CARBÓN ILEGAL
Los productores del carbón en la región, como en el mencionado caso de Eduardo Morales, acumulan en dos décadas un largo expediente de muertes de trabajadores -cerca de 200 decesos de 2001 a la fecha-, así como de numerosas violaciones a las normas relacionadas con su actividad extractiva.
Los casos documentados van del trabajo infantil (en los pocitos carboneros suele usarse a menores de 15 años, por el tamaño de los túneles), pasando por los subregistros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta la evasión de obligaciones fiscales. Operan minas clandestinas imposibles de inspeccionar que, en muchos casos, son auténticas cuevas sin andenes ni normas básicas para una estructura minera.
De los recién contratados por la CFE destaca por antecedentes de trabajo infantil la Compañía Minera Díaz, beneficiaria de un contrato por 35.3 millones de pesos para surtir 34 mil toneladas de carbón.
El 2 de febrero de 2012 una camioneta, que se usaba para llevar en su batea al personal, se accidentó en el trayecto a la mina. Ahí murió un trabajador. El vehículo era conducido por un menor de edad; de los cuatro tripulantes que sobrevivieron, tres carecían de Seguro Social.
Luego, en 2019, una inspección federal acreditó que había dos niños trabajando en sus cuevas.
De acuerdo con los registros de la OFPC, el listado de muertes por malas condiciones de las minas es amplio entre las empresas contratadas por la CFE. (Tomado de Agencia Reforma y la Edición 2299 de la Revista Proceso).
La Prensa de Monclova