Entre ellas destacó la tercera en contra el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos “N”, por asociación delictuosa.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, afirmó que trabajan para solicitar unas 100 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones, varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados.
Entre ellas destacó la tercera en contra el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos “N”, por asociación delictuosa, ante la que el ex edil ya presentó un amparo. Así como de varios ex servidores públicos del gobierno del Estado y proveedores.
“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión. Dos de ellas, que se solicitaron fueron la de Cristóbal “N”, ex subsecretario de Egresos (ya ejecutada) y otra de Carlos “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo“, expresó Ramírez Castañeda, en rueda de prensa que ofreció esta tarde en Ciudad Victoria.
Dijo que una de las órdenes de aprehensión fue para Cristóbal “N”, por Uso indebido de atribuciones y facultades como servidor público. Él fue detenido en la Ciudad de México y ya se encuentra detenido como medida cautelar.
“Ayer se llevó a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo, quien determinó que la audiencia se reanudará hasta el próximo sábado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales”, explicó.
-¿Declaró?
“La audiencia se suspendió porque pidió duplicidad para ofrecer pruebas y continuará el sábado. Esperábamos que presentara pruebas”.
El exfuncionario de la Secretaría de Finanzas enfrentaba dos órdenes de aprehensión, una girada en junio de 2018 por Asociación Delictuosa y Operaciones con Recursos de procedencia ilícita, por la que había logrado obtener un amparo, sin embargo a su causa se le atribuyó el delito de Uso indebido de atribuciones y facultades y se logró obtener otra orden de aprehensión el pasado 15 de julio.
Cristóbal “N” ocupó el cargo en la Secretaría de Finanzas en la administración del priista Egidio Torre Cantú.
Según las investigaciones de la UIFE, el ex funcionario estatal formó parte de una red de empresas factureras o con operaciones simuladas a través de las cuales se ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en el periodo de 2014 a 2016.
Las investigaciones comenzaron hace más de 24 meses y desde entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupción asociados con utilización de empresas factureras.
Destaca el hecho que en las operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas fueron constituidas por un mismo notario público y domiciliado fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.
Dichas empresas habrían facturado a otros gobiernos estatales y municipales más de 10 mil millones de pesos.
-¿De esas 52 empresas hicieron donativos al Partido Revolucionario Institucional?, le preguntaron.
“No le puedo detallar exactamente a dónde, qué esquemas utilizaron hacia donde fue el dinero, lo que sí es que el dinero se encontró y no se pudo demostrar la licitud del mismo y es lo que ahorita tiene presos a los responsables“, respondió.
Agregó: “El trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontró y no demostraron la licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas”, añadió Ramírez.
En el caso del exedil de Nuevo Laredo, Carlos “N”, precisó que es la tercera orden de aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa, ante la que ya presentó un amparo.
“El pasado 26 de junio se libró una tercera orden de aprehensión contra Carlos “N”. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos llegó el amparo de dicha persona”, dijo.
Mencionó que se han girado estas medidas a 4 proveedores con empresas factureras que realizaron operaciones en un gobierno municipal.
“Lo que a nosotros nos compete es seguir la ruta del dinero de todo este tipo de personas que en un momento dado pudieran estar cometiendo algún delito“, advirtió.
Ante las preguntas de los reporteros sobre otras investigaciones en otros municipios, dijo que forma parte de las indagatorias no puede proporcionar tantos datos. Comentó que primero identifican de dónde viene el recurso y de esa manera poder tener la certeza si el origen es lícito o ilícito.
Vanguardia