El ex negociador del TLCAN advirtió que, en su campaña electoral, el presidente de EU utilizará a los sindicatos manufactureros de su país para presionar a que inicien casos contra nuestro país.
Con el arranque de la campaña para su reelección presidencial, a partir de este sábado y en los meses subsecuentes, es muy probable que Presidente Donald Trump anuncia medidas de “ataque y amenazas” proteccionistas contra México, con el propósito de repatriar manufactura a Estados Unidos, como parte de la promesa de la recuperación económica y la seguridad nacional, sostuvo Herminio Blanco, asesor del sector privado en las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
El también negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) advirtió que el presidente de Estados Unidos utilizará a los sindicatos manufactureros para presionar a que inicien casos contra México, por lo cual es fundamental preparar un plan de acción para mitigar el incumplimiento por parte de las empresas, de sindicatos, e inclusive de los proveedores de las empresas.
“Desde el próximo sábado y en los próximos meses, desde que inicia la campaña de Trump va a anunciar medidas, ataques o amenazas contra México para así fortalecer su posición con los sindicatos y claramente buscará que los sindicatos manufactureros lo ayuden en su elección”, refirió en la mesa laboral rumbo a la entrada en vigor del T-MEC el primero de julio.
Incluso, comentó que el gobierno estadounidense ya preparó los comités gubernamentales con expertos laborales para supervisar el cumplimiento de México en las obligaciones laborales del acuerdo comercial. Una de ellas es Cathy Feinngold, directora de asuntos internacionales de AFL-CIO, así como Fred Ross, fundador de Neighbor (grupo defensor de derechos del trabajador).
Ante las titulares de la Secretaría de Economía y la del Trabajo, Graciela Márquez y Luisa Alcalde, Herminio Blanco expresó “sin lugar a dudas cuando empieza formalmente la campaña de reelección del presidente, estaremos en la mira por temas políticos, comerciales y muro”.
Con la implementación del T-MEC, abundó, también habrá presiones de los demócratas para llevar a México a paneles de resolución de conflictos. Recién, la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (un símil de la Cámara de Diputados en México), Nancy Pelosi, nombró a Cathy Feingold y Fred Ross Jr para conformar un Comité de Expertos Laborales Independientes y evaluar la implementación de reformas laborales en México.
“El hecho de que se hayan nombrado parte de la lideresa a personas tan cercanas, una de ellas funcionaria y otro líder sindicatos en EU refleja claramente que van a estar muy encima de todos los procedimientos y por lo tanto tenemos que hacer es cuidarnos, evitar que termine a nivel de controversias y muy preparados para resolver cualquier tema que afecte nuestros sectores exportadores”, apuntó el ex secretario de Comercio de México.
Jaime Zabludovsky, asesor comercial del CCE, explicó que el Mecanismo de Respuesta Rápida es el segundo sistema de solución de controversias establecido por el T-MEC; que a diferencia del mecanismo de solución de controversias permite directamente sancionar a una planta, no a una industria o sector completo. En los sectores vulnerables a estos destacan la industria aeroespacial, autos y autopartes, mercancías industriales horneadas, acero y aluminio; como cosméticos, vidrio, cerámica, plástico y forjas; así como panaderías industriales, cemento, electrónica y call centers.
El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López, dijo que los mecanismos de respuesta rápida contenidos en el protocolo modificatorio del T-MEC integran consecuencias que ante un error de indebida apreciación de los hechos pueden afectar las cadenas productivas en la región directa o indirectamente.
El dirigente empresarial manifestó su preocupación sobre que en Estados Unidos, cualquier sindicato podrá presentar una petición de instalación de un panel ante el Comité Laboral Interinstitucional (representación del Ejecutivo Federal) el cual se turnará para su estudio a la Junta Independiente de Expertos Laborales (representación del Senado y la Cámara de Representantes) y decidirán si el caso planteado amerita la activación del mecanismo.
El Economista