Trabajadores de Panasonic derrotan a CTM; eligen candidato independiente

En una planta de autopartes de Panasonic en el norte de México, esta semana disputaron elecciones el SIAMARM, que forma parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de 86 años de antigüedad- y el sindicato independiente SNITIS que surgió de la insatisfacción de los trabajadores con las organizaciones sindicales tradicionales en Tamaulipas.

El sindicato SNITIS obtuvo el 75% de las casillas en una elección de dos días, las cuales se habilitaron para recibir votos de 2,150 personas.

Mientras que el SIAMARM sólo obtuvo un 25% de las casillas, marcando otra derrota para una de las organizaciones locales más grandes, en un contexto en el que el país busca fortalecer derechos laborales en línea con un nuevo acuerdo comercial.

Los trabajadores también votaron recientemente en contra de la CTM en General Motors, en el estado central Guanajuato, y en la planta de autopartes Tridonex, en Tamaulipas, ambos sitios que enfrentaron el escrutinio de Estados Unidos por posibles abusos de los derechos de trabajadores bajo un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC). SNITIS ganó las elecciones de Tridonex en febrero con casi el 87% de los votos, en lo que líderes sindicales esperaban que provocará un efecto dominó.

“Eso fue algo arrasador, como fue el resultado también de Tridonex, como esperamos que sea el resultado de todas las fábricas que siguen sumándose a esta nueva era del sindicalismo independiente”, dijo la fundadora de SNITIS, Susana Prieto, en un video difundido en redes sociales después de los resultados de la votación de Panasonic.

El SNITIS instó la semana pasada al gobierno de Estados Unidos a investigar la planta de Panasonic por presuntos abusos a derechos de los trabajadores, el último de una serie de conflictos en los que se busca aprovechar el TMEC para mejorar las condiciones laborales en México.

Este tipo de elecciones han sido llevadas a cabo, tras la reforma laboral mexicana emprendida por la 4T que tiene el fin de eliminar los “contratos de protección” que firmaban los sindicatos y las empresas sin el conocimiento de los trabajadores.

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