Las personas interesadas en integrarse en la cúspide del organismo de transparencia en Coahuila presentaron, hace un par de días, un examen de conocimientos. Ese fue el segundo de los filtros; el primero, la validación de la papelería entregada según requisitos exigidos por la convocatoria a partir de lo dicho en la Ley.
El procedimiento seguirá para los 23 aspirantes hasta la etapa final: la decisión en el Legislativo.
Lo que hasta ahora se ha visto es, en términos generales, un procedimiento regular en la designación de los Comisionados de los órganos de transparencia en el país. Su razón de ser es, en teoría, garantizar los mejores perfiles: validando requisitos, comprobando conocimientos, asegurando un desempeño idóneo. ¿Será?
Apenas se supo la lista de aspirantes, en algunos medios se especuló que la decisión final quedará entre nombres conocidos. Algunos, desde ya, anuncian que se tratará de un hombre de Saltillo y una mujer de Torreón. Para alguno de los casos, hasta se refiere la relación de parentesco entre el futuro designado y algún otro organismo de los llamados autónomos. Y así vamos: entre la especulación y el anuncio.
Y si el asunto está más o menos claro, ¿para qué tanto brinco en un suelo bastante parejo? La palabra clave es “legitimidad”; una que se traduzca en “confianza”.
La misma inquietud en otros ejemplos. Para la política estatal anticorrupción la fórmula fue más complicada: el Congreso designó a un grupo “ajeno” que decidió la composición del “núcleo ciudadano” en el mentado sistema. La “purificación” de la decisión vía la delegación. No se logró, por cierto. Ahora dicen que el primer reto será “ganarse la legitimidad, la confianza”… cuando todo el circo debió hacer precisamente eso. En fin.
¿Por qué sucede esto? Una de dos: o por incapacidad de quienes están en el poder o porque quienes están en el poder no se hacen a la idea de que hay zonas en las que no debieran meterse.
En la próxima designación en el ICAI, el primer filtro es la validación de los requisitos. ¿Tienen, en el Congreso, la capacidad para hacerlo? Más allá de lo formal (la falta de certificación por notario, la falta de un papel) no hay mucho más por hacer. El requisito crucial del asunto, la experiencia, es tan general en la Ley y en la convocatoria que prácticamente todo acomoda. Hacerlo más estricto enfrentaría falta competencia para calificarlo.
El segundo filtro, los conocimientos, solo tiene huecos. En el examen escrito ¿quién lo elabora? ¿Quién lo reproduce? ¿Cómo se transporta? ¿Cuáles son los candados que aseguran que uno o dos no lo tienen por adelantado? Descansar en la idea de que es la Universidad la que está atravesada, es insuficiente. Con fugas por todas partes, lo de menos es cuidar que no copien entre aspirantes o la revisión del examen; hasta para entrar a preparatoria existen más candados de seguridad. Cuando existe una etapa oral, el asunto es peor: ¿Cómo se asigna una calificación?
Finalmente viene la decisión del Congreso. Si bien se supone es la manera en la que se “garantiza” que el Ejecutivo no ejercite su facultad de “dedazo”, frecuentemente los Congresos Locales solo son instrumentos del poder, peones que no toman decisiones. Aun en el remoto caso de que realmente sea en la Legislatura donde se toma la decisión, el asunto es político y se traduce en cuotas de partido.
Así las cosas, el resultado no será una sorpresa. El circo que entretiene y esconde una decisión ya tomada.
@victorspena
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