Un juez federal falló el viernes pasado que el gobierno del presidente Donald Trump no consideró el posible daño ambiental cuando decidió reanudar las ventas de carbón extraído de terrenos federales, aunque la corte no prohibió dicha comercialización.
El juez Brian Morris, de Montana, dijo que los funcionarios del Departamento del Interior eludieron equivocadamente una revisión ambiental de la medida por describirla “como un simple cambio de política”. Con ese proceder, las autoridades ignoraron las consecuencias ambientales de vender enormes volúmenes de hulla extraída de tierras públicas, agregó.
El fallo se suma a una cadena de reveses judiciales contra los intentos de Trump de impulsar la producción de energía en Norteamérica.
En una orden anterior, Morris bloqueó el proyecto del oleoducto Keystone XL para el transporte de crudo desde las arenas bituminosas de Canadá. Otros tribunales han fallado en contra de los planes del gobierno para la extracción de petróleo y gas, y la minería de carbón.
Más de 40 por ciento de la hulla extraída en Estados Unidos proviene de tierras federales, principalmente de los estados del oeste. Las compañías extrajeron unos cuatro mil millones de toneladas de carbón de reservas federales en la última década y aportaron diez mil millones de dólares a las arcas federales y estatales mediante regalías y otros pagos.
El gobierno del presidente Barack Obama impuso en 2016 una moratoria a la mayoría de las ventas de carbón procedente de tierras federales. La medida se debió a las objeciones de que las bajas regalías pagadas por las compañías mineras perjudicaban a los contribuyentes y la quema de ese combustible agravaba el cambio climático.
Trump levantó la moratoria en marzo de 2017 con el fin de revitalizar la alicaída industria del carbón del país.
Vanguardia