Trump nómina a la jueza ultraconservadora Amy Barrett para la Corte Suprema

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La eventual confirmación de la magistrada, que se opone al derecho al aborto y a los derechos de los migrantes, promete incluso décadas de mayoría conservadora en el alto tribunal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en la tarde de este sábado la candidatura de la ultraconservadora Amy Coney Barrett, de 48 años, para ocupar el cargo de jueza vitalicia de la Corte Suprema de Estados Unidos en reemplazo de Ruth Bader Ginsburg, icono feminista y de la lucha por los derechos civiles, fallecida el viernes pasado a los 87 años.

La elección de una jueza de visión fuertemente conservadora garantiza, según aseguró Trump en una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca, la protección de “la segunda enmienda, la libertad religiosa, la seguridad pública y tantas otras cuestiones”.

“Ley y orden es la fundación del sistema estadunidense de justicia, sin importar el caso o la cuestión”, remachó el mandatario, repitiendo su conocido lema conservador.

Ahora se abre un proceso en que la candidatura de Barrett debe confirmar el Senado, controlado por los republicanos, que han apostado casi unánimemente por llevar adelante el encargo presidencial pese a que las elecciones presidenciales se celebrarán en apenas seis semanas.

En 2016, cuando murió el juez conservador Antonin Scalia, el entonces presidente, Barack Obama, trató de nominar al magistrado Merrick Garland, pero los republicanos, que ya dominaban el Senado, se negaron siquiera a someter su candidatura a votación, argumentando que debía esperarse a las elecciones. Comicios que ganó Trump.

RECUERDO A GINSBURG

Barrett tomó la palabra a continuación del presidente y empezó con palabras de recuerdo para Ginsburg, asegurando: “Si me confirman, no olvidaré quién estuvo antes que yo”. Apodada a menudo RBG, “ella no solo rompió las últimas barreras (para las mujeres), las destrozó”, agregó la joven jueza.

LA AMISTAD CON SCALIA COMO EJEMPLO

Barrett, quien fue alumna de Scalia, aseguró precisamente que la amistad que RBG y el veterano juez mantenían pese a sus diferencias ideológicas “es inspiradora”.

CONSERVADURISMO RADICAL

Como Scalia, Barrett defiende la interpretación llamada originalista de la Constitución de EU, algo que dejó claro durante su breve declaración: “Un juez debe aplicar la ley según se escribió, porque los jueces no somos políticos”.

Barrett está casada y tiene siete hijos, y sus posiciones cercanas al fundamentalismo católico han despertado polémica en EU. Durante una charla de graduación a alumnos de la universidad donde impartía clases, en 2006, aseguró que: “Su carrera legal no es más que un medio para lograr un fin, y ese fin es la construcción del reino de Dios” (en la Tierra).

Sobre el derecho al aborto en EU, fundamentado en el famoso caso Roe versus Wade, de 1973, Barrett escribió en 2013 que “la respuesta público a casos controversiales como Roe reflejan el rechazo público a la proposición de que el ‘stare decisis’ (la jurisprudencia) puede proclamar un vencedor permanente en una lucha constitucional divisoria”.

Barrett también ha escrito numerosas resoluciones defendiendo el derecho constitucional a la portación de armas de fuego, estipulado en la segunda enmienda constitucional.

DURA CONTRA LOS MIGRANTES

Desde que Trump nominó a Barrett en 2017 para ocupar un asiento en el Séptimo Círculo de la Corte de Apelaciones, la jueza ha demostrado, aunque con cautela, su oposición a los derechos de los migrantes.

Por ejemplo, defendió en solitario al gobierno en su polémica decisión de exigir un test de riqueza a los migrantes que buscan residir legalmente en el país. La Casa Blanca defendía que solo se debía permitir entrar a aquellos que pudieran pagarse un seguro médico. Barrett argumentó que el país tiene el derecho de bloquear la entrada de personas que “probablemente se conviertan en dependientes de la asistencia pública”.

Además, Barrett se ha negado repetidamente en estos tres años a estudiar casos de migrantes que reclamaban que se les había denegado erróneamente una solicitud de protección humanitaria u otros beneficios.

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