Tuvo que irse Miguel Ángel Mancera de la jefatura de gobierno para que las víctimas de su proceso represivo obtuvieran algo de justicia, aunque sea poco, no todos, pero al fin, desde el ámbito legislativo local, se consiguió una amnistía para los presos, detenidos y procesados en las marchas reprimidas entre 2012 y 2015.
Mancera es la encarnación del retroceso, rostro de la cancelación de las libertad republicanas que padeció esta ciudad y cuyos rescoldos sigue padeciendo.
De las historias de muchos de los detenidos, alcancé entonces y reitero hoy, una conclusión: Mancera servía fielmente al gobierno de Enrique Peña Nieto, interesado en alimentar el miedo a la protesta social y el rencor de la sociedad a quienes se atrevían a manifestarse. Pero también fue el pretexto perfecto para facilitar la especulación inmobiliaria, pues entre los detenidos en marchas había quienes acudían solidarios pero que, en su contexto, pugnaban por defender territorios y barrios de desarrolladores, inversionistas y contratistas gubernamentales.
Ayer, en lo que se aproxima a un acto de reivindicación institucional, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, pidió disculpas a las víctimas y decretó la “Ley que extingue la atribución de ejecutar penas contra quienes participaron en manifestaciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015”.
Sólo el nombre de ese ordenamiento jurídico, lleva implícito el reconocimiento a esa etapa de oscuridad que se impuso sobre la Ciudad de México y beneficia a cientos de personas, encarceladas en muchos casos por perfil de aspecto, de manera selectiva por su participación en movimientos sociales, en procesos penales retorcidos, inadmisibles, injustos por el accionar de ministerios públicos y jueces, hombres y mujeres, de consigna.
Fue una labor intensa que siguió los cauces institucionales, articulada en buena medida por el abogado Francisco Estrada y por víctimas de la arbitrariedad como Luna Flores, la madre de familia que pasó casi un año en prisión, y cuya libertad consiguió por el número de irregularidades que detectó la justicia constitucional.
Naturalmente, este es un paso de muchos que deben darse. El poder consiguió que la prensa, aun la más respetable de esta ciudad, renovara la práctica de la condena a las movilizaciones sociales hasta imponerla como línea editorial, facilitadora de aquello que los activistas llaman “criminalizar la protesta”.
También hay quienes no alcanzaron el beneficio de la amnistía decretada ayer por Amieva, y se mantienen sujetos a proceso penal, pues son acusados de delitos que, no obstante su notoria fabricación, se plantean independientes de los que protege la nueva disposición.
Y, queda pendiente su implementación, es decir, que los efectos benéficos para quienes siguen presos o en proceso, queden liberados…
(https://notassinpauta.com/2018/06/09/tuvo-que-irse-mancera/).