Los partidos están en crisis. Nada nuevo. Desde que tengo uso de razón, los escándalos de corrupción y de abuso de poder relacionados con personajes de la política, y por ende con algún partido político, han sido la regla y no la excepción. Y no solamente en México.
Cuando las elecciones son atractivas y competidas, el porcentaje de sufragios emitidos difícilmente alcanza el 60%; pero si la contienda es menos interesante para la población, como es el caso de la renovación de un congreso local, no llega ni al 40%. Más que una falta de interés democrático, el desánimo ciudadano se fundamenta en un hartazgo a la partidocracia que vive nuestro país.
La abrumadora participación en comicios donde una candidatura independiente es percibida como viable, como sucedió en Nuevo León, no es sino una exigencia social a gritos de que cambie el esquema de partidos, cimiento de nuestro sistema político.
Claro que la desaparición de los partidos no es posible ni deseable. Existen en todos los sistemas democráticos del mundo. Sin ellos, sería prácticamente inviable consensuar las reglas de acceso al poder y de gobernabilidad. La principal responsabilidad de los partidos políticos es también su mayor debilidad: su función vinculatoria entre sociedad y gobierno.
En esta catarsis, los partidos son como una marca, cuyas siglas debieran avalar la solvencia moral y la capacidad administrativa de sus candidatos. Así como el que paga un sobreprecio por un bien de marca para poder exigir garantías, quien vota por el candidato de algún instituto político merece una fianza mínima sobre la calidad del producto ofrecido.
La carta de no antecedentes penales para aceptar un registro ya resulta insuficiente. Tampoco se vale que, argumentando cualquier cosa, los partidos se desentiendan de las atrocidades cometidas por funcionarios emanados de sus filas ya que sus comisiones de honor y justicia solo existen para adornar el papel. La sociedad exige ahora investigar a fondo antecedentes, preparación, intereses e intenciones de quienes pretendan representar a un partido en una contienda electoral.
Por lo demás, la propia competencia política se encargará de expulsar del mercado a quienes fallen en cumplir este cometido.
Por esto, iniciativas como la 3 de 3 liderada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, que exigen a los candidatos la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, deben ser bienvenidas en todos los partidos. Esquemas partidarios de rendición de cuentas y de seguimiento de compromisos de campaña, con castigos ejemplares por incumplimiento, deben ser incluidos.
Según Latinobarómetro, los mexicanos somos los más desencantados con la democracia, al grado que la mayoría preferiría cualquier otra forma de gobierno.
Es un ultimátum que no podemos ignorar.
Si nuestro sistema de partidos no cambia y continúa esta tendencia de decepción crónica en el subconsciente colectivo, que no nos asombre el encumbramiento de un sistema dictatorial.