Científicos y ecologistas han alertado que la construcción pone en riesgo el sistema de cuevas y cenotes de la zona. El Gobierno designó el proyecto como de “seguridad nacional” para sortear las trabas de autorización ambiental.
Las obras del controvertido trazo del Tren Maya por la selva de Quintana Roo no pueden seguir adelante. Un juez de Yucatán ha decretado la suspensión provisional de la construcción de las vías entre Playa del Carmen y Tulum por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, dándole la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo en marzo pasado. El magistrado dice que, “si bien la sociedad tiene interés en que se construyan vías de comunicación para el servicio público, lo cierto es que también está interesada en que eso se haga conforme a las disposiciones legales que en materia ambiental prevé el derecho mexicano”.
Esta es la primera vez que la justicia se pronuncia sobre el tramo cinco de la obra estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado una oleada de críticas por estar deforestando la selva y pasando por encima de un terreno kárstico repleto de cuevas, cenotes y ríos subterráneos. Originalmente el tren iba a ir junto a la carretera que ya conecta Cancún y Tulum, pero el Gobierno decidió cambiar de planes a principios de este año ante las dificultades que estaba presentando la obra —que tenía que levantar las vías por encima de la ciudad de Playa del Carmen— y la oposición de los hoteleros a que la construcción afectaste a la entrada a sus resorts de lujo.
Desde entonces, científicos, arqueólogos, ambientalistas, buzos e inclusive famosos como Eugenio Derbez o Natalia Lafourcade habían levantado la voz contra el cambio del trazado del tren. Pepe Urbina, uno de los buzos de cuevas que presentó la demanda de amparo, dice que desde un principio quisieron colaborar con las autoridades para que el tren se hiciera “correctamente”. “Pero cuando cambiaron el tramo hacia la selva todos explotamos”, cuenta. Entonces se unieron a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que les ayudó a llevar sus quejas ante los juzgados. “No les importan ni los árboles, ni la fauna, ni los ríos subterráneos, porque los desconocen”, lamenta Urbina.
El principal argumento que ha llevado al juez a admitir la demanda y decretar la suspensión temporal es que el tramo 5 del proyecto no cuenta con los permisos ambientales correspondientes. Ese es un requisito indispensable para cualquier obra en el país, pero la deforestación en la selva a la altura de Playa del Carmen, una brecha kilométrica que comenzó a abrirse en marzo pasado, inició sin contar con ese trámite. El Gobierno se ha escudado en el decreto emitido a finales del año pasado por el que las obras estrella del presidente son “de seguridad nacional” con el fin de acelerar el avance sin las “trabas burocráticas”.
“Estamos en una carrera contrarreloj con una locomotora bestial que va sin un conductor que sepa lo que está haciendo”, dice Urbina. El buzo lleva 18 años recorriendo las cavernas y cenotes de la zona, como Sac Actún, el mayor sistema de cavernas sumergidas que existe en el mundo, con más de 300 kilómetros explorados. Desde su punto de vista, si el Gobierno está empeñado en que el tren pase por allí es por desconocimiento del lugar. Si bien celebra la decisión del juez, Urbina sabe que éste es “solamente un escalón hacia donde queremos llegar”. Todavía falta que el magistrado decida sobre la suspensión definitiva de las obras mientras se resuelve el juicio y que se pronuncie sobre el resto de amparos que se han presentado para frenar la obra.
El Gobierno ha defendido que el Tren Maya supone un detonador de desarrollo económico que “resolverá el problema de falta de conectividad e infraestructura del transporte en el sureste del país”. Ante las críticas por el impacto ambiental que está ocasionando la construcción del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, el presidente ha respondido que toda la tala que provoque la obra se verá compensada por un programa de reforestación de 200.000 hectáreas y la creación de tres parques naturales de 18.000 hectáreas. Y, pese a la controversia que ha generado la construcción de ese tramo, un 60% de la población respalda el proyecto, según una encuesta de SIMO para EL PAÍS publicada en marzo.
El País