La historia del desarrollo social en nuestro país empezó con la Constitución de 1917, en la cual se especificaba la responsabilidad del Estado como vigilante del desarrollo en México. En 1943 se crea la Ley del Seguro Social, dando pie al Instituto Mexicano del Seguro Social, anhelo cumplido de muchas generaciones y que con el tiempo incorporaría no solo los servicios de salud, sino una gama impresionante de prestaciones que incluían cultura, prevención, cuidados familiares, vivienda, recreación y pensiones que aseguraran una vejez digna, con lo que se cumpliría uno de los más anhelados ideales de la Revolución Mexicana: proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de su familia.
Este no fue un movimiento aislado, sino que surgió de uno de los ideales más puros de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana que fuera la primera en consignar en una Constitución, los sagrados derechos de los obreros y trabajadores. Posteriormente, en 1959, el presidente López Mateos creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), exclusivo para empleados del gobierno federal. Con la creación de las dos instituciones de salud, se dejó fuera a todas las personas que se dedican a actividades informales y a los que, estando en el mercado de trabajo, no consiguen empleo.
La limitada cobertura y la mala administración de los recursos aplicados para el bien actuar de los institutos de seguridad social en el país, demostraron—de acuerdo a auditorías y evaluaciones oficiales y análisis de académicos estudiosos del tema, —que la enfermedad más grave que les afecta es la corrupción, seguida de un trato inhumano a los derechohabientes.
La seguridad social mexicana requería de una reforma profunda y urgente, definida a la luz de las nuevas condiciones demográficas, epidemiológicas, médicas, actuariales, sociales, económicas y políticas de nuestro país. De ahí que en 2003 durante la administración de Vicente Fox, se inició el programa de Seguro Popular Social (SPS), con la finalidad de incorporar en un sistema de protección médica a todas aquellas personas que no tenían acceso a los servicios de salud existentes. Su principal objetivo fue garantizar el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos, bajo un esquema de aseguramiento sin distinción de su condición social, laboral y económica.
Pese a sus logros, ha tenido muchas deficiencias en cuanto a la oportunidad y la calidad de sus servicios, puesto que operó a través de la red de servicios estatales de salud heredados del proceso de descentralización de la década de los noventa, los cuales se convirtieron en los principales proveedores. La gran heterogeneidad que caracteriza a los sistemas estatales de salud ha sido un fuerte obstáculo para mejorar la calidad de los servicios cubiertos con este programa y es un elemento que, lejos de resolver los problemas de desigualdad en salud, en general los ha agravado.
A casi 18 años de operación del Seguro Popular, las limitaciones en el financiamiento han sido notorias, además que no se logró la atención efectiva a las personas que se inscribieron en él, toda vez que se encuentra restringido a la suficiencia presupuestaria y a un catálogo limitado de servicios que no incluye todos los padecimientos y, como consecuencia de ello, existen casi 20 millones de mexicanos que no cuentan con un seguro médico.
Por las razones antes expuestas, el gobierno federal actual se ha enfrentado a un gran reto y es el de crear y consolidar un sistema de seguridad social universal, denominado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual brindará seguridad social a todos los mexicanos, independientemente de estar o no incorporados al trabajo, lo que exige asumir que la seguridad social debe de ser el objetivo primordial de la política social.
Su esquema supone brindar servicios médicos en primer y segundo nivel de atención a quienes carecen de seguridad social. De acuerdo con la Ley General de Salud, los mexicanos que no sean derechohabientes del IMSS o del ISSSTE pueden acudir a centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), a unidades médicas del IMSS Bienestar, a unidades de especialidades médicas (UNEMES) y a los hospitales rurales, comunitarios y generales, para recibir de manera gratuita la atención pública de salud y medicamentos. Además, los institutos nacionales de salud y los hospitales federales, deben proporcionar atención de tercer nivel (para patologías complejas que requieran procedimientos especializados y de alta tecnología) sujetos a la obtención de cuotas de recuperación.
La implementación de este sistema universal de salud (INSABI), que ha reemplazado al Seguro Popular, generó opiniones encontradas por la falta de claridad sobre cómo operará el nuevo programa del presidente López Obrador, generando una discusión entre quienes destacan las bondades y errores de un esquema y otro.
Este programa apenas empieza, las intenciones del Presidente de llegar a ser como los sistemas de salud pública gratuita de Noruega y Dinamarca, —que atienden a sus ciudadanos desde que nacen hasta que mueren—, es muy loable y se está haciendo todo lo necesario para alcanzar esa meta. Si Roma no se construyó en un día, démosle al presidente la oportunidad de lograrlo con el apoyo de todos los involucrados. Especialmente los gobernadores de los estados.