El Seguro de los Trabajadores de la Educación es la más antigua institución de seguridad social creada para beneficio de quienes están adscritos al sistema educativo del estado de Coahuila.
Fue en un tiempo la institución más sólida financieramente hablando, y una de las más seguras en cuanto a cumplimiento oportuno de su objeto social: pagar a los derechohabientes y beneficiarios las cantidades correspondientes a sus Pólizas de Seguro, Retiro y Defunción.
Hoy el Seguro del Maestro, como coloquialmente se le conoce, padece una aguda crisis financiera que la convierte, paradójicamente, en una institución muy insegura en cuanto al cumplimiento de su función.
Tiene deudas desde hace por lo menos 6 años con una gran cantidad de personas (se habla de 1000 derechohabientes o beneficiarios), paga incompletas las pocas Pólizas de Seguro que se están entregando y está metida en una contradicción funcional al tener que erogar enormes cantidades para cumplir con obligaciones distintas a su objeto social, por lo cual destina la mayor parte de su presupuesto para pagar una abultada nómina del Consejo de Administración, del personal adscrito a casas de convivencia de jubilados, salones de fiestas y centros recreativos, de los que además debe pagar el mantenimiento y servicios de telefonía, luz, agua, gas, etc., responsabilidades que no corresponden a su finalidad, por lo cual deja en último término su obligación principal:
-El pago oportuno del 100% de la Póliza de Retiro y del 50% de la Póliza del Seguro al derechohabiente, al momento de pensionarse.
– El pago oportuno del 50% de la Póliza de Seguro y la Póliza de Defunción a los beneficiarios del titular, al momento del fallecimiento de este.
Las causas de la crisis son varias. Una de ellas es que ahora sí que sin deberla ni temerla, allá por el año 2001, bajo la premisa de su bonanza económica, se le endilgó al Seguro la obligación de hacerse cargo de casas, salones y centros recreativos que entonces estaban, una parte de esos espacios, al cuidado y administración de la DIPETRE, pero esta pasaba ya por problemas financieros y las autoridades sindicales y gubernamentales decidieron quitarle esa carga, vender esos inmuebles al Seguro del Maestro, traspasándole así las obligaciones salariales para con su personal y la responsabilidad de pagar el mantenimiento de los edificios, en perjuicio -a la larga- del derecho de los trabajadores aportantes, cuyas cuotas (1.5% de su sueldo) constituyen casi el 43% del patrimonio del Seguro, en tanto que el Gobierno Estatal aporta el 57%.
Hoy, el Seguro del Maestro, en lugar de responder en primer término a los derechohabientes de la institución, atiende primero su obligación patronal de pagar sueldos, aguinaldos, primas vacacionales y demás prestaciones a los empleados adscritos a por lo menos 20 inmuebles ubicados en distintas ciudades del estado. Hasta un taller mecánico para reparación del parque vehícular de la Sección 38 está a cargo del Seguro (por cierto, el valor calculado hace años de esas propiedades ronda los 237 millones y a la fecha seguramente es mayor, por lo que bien podemos decir que el Seguro es una institución rica en activos que paradójicamente le generan pasivos que, como un lastre, le impiden cumplir su principal obligación. Ya hablaremos en otra ocasión de posibles alternativas de solución a esta situación, porque por supuesto que es necesario y justo que los empleados de esos espacios reciban sus remuneraciones de ley, pero habría que ver como resolver esa necesidad sin afectar a los derechohabientes del Seguro).
En las mesas de trabajo que en agosto de 2021 se llevaron a cabo entre Gobierno del Estado y la Coalición de Trabajadores de la Educación, la entonces Directora del Seguro, explicaba que el retraso en el pago de pólizas, se debía justamente a la necesidad de cumplir primero con la obligación laboral y cubrir los gastos de mantenimiento. Es decir, para poder atender el derecho salarial del personal de esos centros a su cargo y asegurar su operatividad (obligación no contemplada por ley dentro de su objeto social), se ha dejado en último lugar a los derechohabientes que con sus aportaciones sostienen al organismo e incluso pagan los millonarios sueldos del Consejo de Administración, porque eso sí, los pagos por ese concepto no se retrasan, ni se disminuyen “de acuerdo a las posibilidades económicas de las institución”, pretexto que se les da a los pocos derechohabientes o familiares que siguen recibiendo incompletos los montos de sus pólizas, una injusticia más si se toma en cuenta la victimización y revictimización de que son objeto los derechohabientes y beneficiarios del Seguro: se les victimiza primero al no pagarles a tiempo sus pólizas, se les victimiza pasando por encima de su derecho para dar prioridad a otras obligaciones secundarias de la institución, se les victimiza prolongando indefinidamente el pago y se les revictimiza cuando después de años, devaluación y depreciación de por medio, la dirigencia sindical, que debería proteger sus derechos, permite que un Consejo de Administración nombrado por esa dirigencia, les entregue una cantidad menor a la que deberían recibir, con el mismo falaz argumento de la dirigencia anterior de que la Ley del Seguro plantea que se pagará de acuerdo a las posibilidades de la institución (Art. 31), lo cual es a todas luces inconstitucional, porque si bien una porción del artículo referido expone esa condición, lo cierto es que se viola el principio de certeza y seguridad jurídica, y por ese hecho debe tenerse ese apartado por no puesto o no válido, pues va en contra del sentido legal que más favorezca al derechohabiente, y porque la Ley no puede contener ambigüedades a partir de las cuales la autoridad haga una arbitraria interpretación a su favor y en perjuicio del derechohabiente (por un concepto similar, la SCJN declaró invalido, entre otros, un artículo de la Ley del Servicio Médico que condicionaba la atención de acuerdo a las “posibilidades económicas” del Servicio Médico).
Una Ley debe establecer ordenamientos precisos, ciertos y seguros en cuanto a obligaciones y derechos. Por eso justamente las contribuciones de los trabajadores para la conformación del Seguro y los fondos de Retiro y Defunción están establecidas con absoluta precisión, y se señalan claramente los porcentajes que les serán descontados de su salario como aportación, de tal forma que no hay manera de que su criterio o su particular situación económica determinen si se les hacen o no los descuentos correspondientes, NO, estos se les aplican quincenal o mensualmente, porque la Ley así lo ordena, además las cantidades a descontar se actualizan cada vez que los trabajadores y los pensionados reciben un incremento en sus percepciones. Por eso, en correspondencia la Ley establece también un parámetro para el pago de la Póliza del Seguro que también debe actualizarse conforme a su valor actual: “4.6 salarios de sueldo de un Inspector de Primaria, zona II” (Art. 31), que al día de hoy es de $ 22,898.28, que multiplicados por 4.6 da un total de $105,332.08, de los cuales los derechohabientes pensionados deberían recibir el 50%, es decir $52,664.04, más los $40,000.00 de la Póliza de Retiro da un total de $92,666.04, pero están recibiendo menos (aproximadamente $19,000.00. En el caso de deudos de un trabajador fallecido la cantidad podría duplicarse), en atención de una sesgada interpretación de la Ley, que curiosamente no aplica en el pago de los miembros del Consejo de Administración, ¿o estarán recibiendo los directivos sólo la mitad de su sueldo mensual?
Otro dato que documenta la injusticia: a los pensionados se les siguen aplicando descuentos mensuales para seguir contribuyendo al Seguro del Maestro, pero ni estas aportaciones, cuyo monto se actualiza conforme se actualizan las percepciones, son consideradas para reconocer que se debe entregar el valor completo de la póliza al momento del pago. Se dice que este descuento a pensionados es para garantizar que a los deudos se les pague el restante 50% de la Póliza de Seguro a valor vigente en el momento de la entrega, pero la realidad es que les entregan una cantidad no actualizada.
Otra de las causas que han llevado a la institución a esta inseguridad y crisis financiera, tiene su origen en el quebranto ocasionado por los fraudes, desvíos y malversación de sus recursos, lo cual ha quedado registrado en las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado, en las que da santo y seña de los millones de pesos que sólo del 2012 al 2016 se desviaron hacia la directiva sindical de la Sección 38 del SNTE, y en las que describe los otros rubros del daño al patrimonio institucional por $120,087,930.05. Con esa cantidad, si el Comité Ejecutivo de la Sección 38 y el propio Consejo de Administración pugnaran por su restitución, se podrían pagar sus pólizas a más de 1000 derechohabientes.
¿Es este un planteamiento iluso? No, si se considera que hay una nueva dirigencia que llega con un compromiso asumido y con el respaldo político de miles de votantes que le otorgaron su confianza y el poder para generar un cambio de fondo en todo; se votó para botar a los que tanto dañaron al magisterio, cierto, pero primordialmente se votó para cambiar, CAMBIAR de verdad, CAMBIAR para mejorar, no para que todo siga igual.