En este país perseverar más de una década por una causa justa puede parecer obstinación, tozudez pero muchos creemos con firmeza en la sabiduría del refrán: el que persevera alcanza y como dijo Don Quijote: Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
En efecto, por segunda vez la SCJN emitió una sentencia que favorece a la Coalición de los Trabajadores de la Educación de Coahuila y a todos los derechohabientes y beneficiarios del Servicio Médico del magisterio de la Sección 38.
La primera sentencia se expidió en julio de 2017, en esa ocasión la SCJN otorgó la razón a los maestros de la Coalición que impugnaron artículos de la ley que les cobraba los servicios médicos subrogados, pero ese veredicto fue desoído e ignorado por el Gobernador, que es el garante de la seguridad social en Coahuila y también fue ignorada por los directivos del Servicio Médico, así que no tuvo ningún efecto y esa institución siguió operando en la ilegalidad.
El fallo del 25 de mayo, decretó inconstitucionales los copagos, que son convenios para pagos con intereses y los planes de protección contenidos en la Ley del Servicio Médico vigente.
Si los diputados locales y los directivos del Servicio Médico incumplen el mandato de la SCJN incurrirían en desacato y hasta se harían acreedores a destitución, según los especialistas en la materia, aunque ya sabemos quién manda en el tercer poder de Coahuila, se ha mostrado.
La historia no se ha olvidado en el gremio los trabajadores activos y jubilados, académicos y administrativos que se instalaron en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón en un plantón permanente durante 2 meses día y noche y un día su Alteza Serenísima Moreira II, más mejor, accedió a dialogar con los representantes de la Coalición en “mesas de trabajo”, que en realidad eran mesas distractoras, cuando la exigencia era: salud digna, abastecimiento suficiente de medicamentos, personal médico certificado, servicio de hospitalización eficiente, transparencia del destino del dinero que por 35 años aportaron y aportan para su seguridad social los derechohabientes, que se finquen responsabilidades por el desfalco financiero y administrativo de las instituciones de seguridad social del magisterio mediante auditorías externas y modificación a las leyes que afectan a más de 50 mil derechohabientes de éstas instituciones.
Los trabajadores estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr la vigencia de sus derechos por ello acudieron a la SCJN y fueron escuchados pero de nuevo fueron víctimas del desacato y ahora se encuentran en la misma tesitura, la sordera de los dirigentes de del servicio médico y la Dipetre.
En ese tiempo la Coalición demostró su disposición al diálogo, pero en los encuentros con el Ejecutivo éste mostró que escuchó sin oír; se obstinó en no detener el enorme daño social que ha provocado su desentendimiento de la seguridad social para los trabajadores de la educación.
La Coalición sólo estaba exigiendo los derechos a la salud de todos los afiliados al servicio médico aunque ese gobierno y el de ahora simulan, engañan, entretienen pero no resuelven y con eso cometen un crimen de lesa humanidad ya que condenan a los enfermos a una muerte lenta pero segura.
Son públicas las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado, el propio auditor superior, Armando Plata Sandoval, indicó la carencia de recursos que enfrentan el fondo de pensiones, el servicio médico, el fondo de la vivienda y el seguro para los trabajadores de la educación: “Derivado de la revisión de las cuentas públicas de los mencionados organismos correspondientes al ejercicio 2015, fue un total de 679.3 millones de pesos en observaciones realizadas por esta Auditoría Superior del Estado”.