La Ley AMLO contra facturas falsas, “Ley Antifactureros”, quizás solo tenga que ver con la evasión fiscal.
Ha inquietado mucho a los organismos empresariales (COPARMEX), que suponemos protegen a sus agremiados del alcance extremo de la Ley, que castigará como delincuencia organizada a los emisores de facturas apócrifas y que al hacerlo (la defensa a ultranza), dan lugar a sospecha de proteger intereses ilícitos.
En Coahuila el asunto de las empresas fantasma es muy conocido.
Acá, fue (y es) el gobierno estatal, universidades publicas y entidades descentralizadas del estado, donde se planearon empresas y facturas falsas para robarse el presupuesto federal de apoyo al campo, para la pobreza y el desarrollo social.
¿Olvidaron acaso a LadyCobijas?
Muchos millones se facturaron por “un chofer” de la entonces secretaria de infraestructura (María Esther Monsiváis Guajardo “Marucha”) y su esposo Notario de regalo. Todo cargado a los mencionados programas federales para pobres. Se simuló compras de cobijas, bolos y otros apoyos que fingieron dar a los pobres del estado (colchones, edredones, etcétera).
Proveedores fantasma, direcciones fantasma, nombres fantasma, facturas fantasma, compras fantasma. Pero… cobros reales.
Millones de dinero del pueblo, robado por políticos infames, desalmados, desvergonzados.
Fue le sexenio de Rubén Moreira Valdez el especialista en robos a la gente. Lo continúa, la rémora heredada.
ColumnasDeMexico.com
LA NOTA
Pide Iniciativa Privada no se castigue a quienes actuaron de buena fe.
Que no se encarcele a los empresarios que actúan de buena fe, demandó al Gobierno Federal el presidente de Coparmex en Monclova, Marco Antonio Ramón García, luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley para el combate a empresas fantasmas y facturas falsas, la cual establece hasta nueve años de prisión contra quienes expidan y compren facturas apócrifas.
Y es que dijo que autoridades fiscales ya están investigando a empresarios de la Región Centro de Coahuila que recibieron facturas de proveedores que enfrentan problemas de ese tipo con la Secretaría de Hacienda.
El líder empresarial manifestó que aplaude que se haya reformado la ley para castigar a quienes para evadir el pago de impuestos se dedican a vender facturas falsas.
Sin embargo, señaló que hay empresarios que hacen sus compras de buena fe a proveedores que están involucrados en una cuestión de falta de contribución a la Secretaría de Hacienda, y cuando al proveedor se le requiere, al cliente también, y en este caso al empresario que compró un producto.
Complican situación de empresarios
Marco Antonio Ramón García, presidente de Coparmex, dijo que la Secretaría de Hacienda asume en primera instancia que el empresario pudo comprar una factura falsa, “y mientras son peras o manzanas se viene una investigación, te piden cuentas de dos o tres años atrás, que entregues un escrito del historial de productos, dónde están y quién pagó el cheque, viene una serie de situaciones muy complicadas para el empresario”.
Ante situaciones como esa, reveló que está enterado de que muchas empresas de la Región Centro ya son investigadas por la autoridad fiscal, quien les está realizando revisiones, y no porque hayan comprado facturas falsas sino porque un proveedor tuvo alguna inconsistencia con la Secretaría de Hacienda.
“No porque un proveedor esté mal con la autoridad fiscal se nos debe de tipificar a nosotros un delito, y menos cuando se actúa de buena fe”, consideró.