El gobierno de Venezuela anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio a su personal 72 horas para salir del país.
Yván Gil, canciller del Ejecutivo de Nicolás Maduro, acusó en un comunicado a los empleados de la Oficina de haber tenido hacia Venezuela una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, y les exigió que “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional”.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo: “Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir”.
El anuncio de la expulsión de los representantes de la ONU en materia de derechos humanos se produce tras una ola de detenciones a críticos de alto perfil que ha llevado a la oposición y a observadores internacionales a afirmar que el país vive una escalada represiva impulsada por el gobierno.
El último episodio fue la detención el pasado viernes cuando estaba a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Caracas de la periodista y activista Rocío San Miguel, a la que la Fiscalía venezolana atribuye ser parte de un plan para asesinar al presidente Maduro.
Varias entidades de Naciones Unidas mostraron su preocupación por el paradero de San Miguel y reclamaron a las autoridades que se respeten sus derechos y se le asegure el debido proceso.
Por otra parte, la televisión estatal venezolana cuestionó unos recientes comentarios del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, que criticó el programa oficial de entrega de alimentos a familias de pocos recursos llamado CLAP.
“Tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación”, dijo el funcionario en una nota de prensa de su oficina.
El programa CLAP es una de las medidas de apoyo a la población de las que más suele jactarse el gobierno públicamente.
La decisión contra la oficina de la ONU supone un paso inusualmente hostil.
El comunicado del gobierno acusa a la oficina del Alto comisionado de haberse convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Caracas anunció también “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento” firmada con la Oficina.
Desde que el pasado octubre el gobierno venezolano y la oposición alcanzaran en Barbados un acuerdo para la celebración de elecciones competitivas en el país avalado por Estados Unidos, varios activistas opositores y miembros del equipo de María Corina Machado, candidata de la unidad antichavista, han sido detenidos.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado en varias ocasiones la existencia en el país de abusos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
El fiscal venezolano arremete contra las organizaciones de derechos humanos: “Mienten y delinquen”
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, increpó este miércoles a las organizaciones de derechos humanos que rechazan la detención de la activista Rocío San Miguel. Llamó mitómanos y tarifados a los defensores de la abogada y advirtió de que las denuncias que cuestionan un plan golpista contra el presidente Nicolás Maduro pueden constituir un delito. El funcionario aseveró que en enero pasado, cuando denunció en televisión cinco supuestas tramas para asesinar a Nicolás Maduro y otros líderes del chavismo, ya había advertido que periodistas y abogados estarían implicados en una de las conspiraciones a las que las autoridades han llamado Brazalete Blanco. En su opinión, era de público conocimiento la existencia de una orden de captura y que una de esas personas sería San Miguel, como finalmente se confirmó la tarde del domingo pasado en un mensaje en X, 48 horas después que la activista fuera detenida en el aeropuerto de Maiquetía y sus familiares y abogados no pudieron contactarla.
“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, dijo Saab en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas presentes. “¿Cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada? Todo es para enlodar la democracia venezolana. Mienten y al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras”, agregó al cuestionar la denuncia de más de 200 organizaciones no gubernamentales.
El fiscal dio un esbozo de la trama Brazalete Blanco, en la que la única prueba presentada hasta ahora es un video editado de la declaración del ex militar Ángelo Heredia, detenido en diciembre pasado. En la grabación menciona una serie de personas que se sumarían a una conspiración que comenzaba con la toma de un parque de armas de un batallón en el estado fronterizo de Táchira, en el occidente del país, y seguiría con el supuesto asesinato del gobernador de esa región, Freddy Bernal. Esta sublevación presuntamente iba a tener como objetivo llegar a Caracas y atentar contra el mandatario venezolano.
Tarek William Saab aseguró que en una “orden de operación” —que no mostró— se menciona a San Miguel y añadió que su rol era “comunicar en tiempo real las acciones terroristas”, apoyada por periodistas. Dentro de esta trama también se ha ordenado la captura de Sebastiana Barráez, reconocida reportera de la fuente militar, y de la abogada Tamara Suju, ambas residenciadas fuera de Venezuela. En la declaración, el exmilitar supuestamente implicado en la conspiración señala que al plan se sumaría con un “pronunciamiento” una “líder opositora”, pero el nombre fue suprimido en la difusión que hizo el fiscal en la rueda de prensa. Personas del entorno de María Corina Machado, la principal candidata opositora inhabilitada por el Gobierno, fueron detenidas en enero como parte de estas supuestas conspiraciones.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, bajo el control de Maduro, en la revisión de las conversaciones telefónicas de San Miguel luego de su detención, “han visto cosas sumamente delicadas” que la vinculan con una supuesta campaña contra la Fuerza Armada Nacional. “Ella reconoce su papel de estar conspirando, mal poniendo a la Fuerza Armada en Europa y EE UU”, afirmó el fiscal. Hay 19 supuestos involucrados detenidos y 15 órdenes de aprehensión por ejecutar, según las autoridades.
En horas de la tarde de este miércoles, la policía allanó la vivienda de San Miguel en Caracas, donde se encontraba su hija que también fue detenida y luego excarcelada con libertad condicional. A la activista le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo en una audiencia realizada de madrugada, fuera del lapso de 48 horas que establece la ley para presentar a un detenido, y en la sede de un cuerpo policial y no en los tribunales que llevan la causa. Tampoco se le permitió tener asistencia de sus abogados y se le ha mantenido incomunicada de sus familiares. Solo se supo de su paradero cuando el juez ordenó su sitio de reclusión. Estas son las denuncias sobre violaciones al debido proceso que han hecho los abogados de San Miguel y defensores de derechos humanos que este miércoles, mientras el fiscal declaraba, se reunieron en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, instalada en Caracas desde 2019.
El caso ha permitido a los activistas evidenciar un patrón de desapariciones forzadas en Venezuela en las que, tal como lo establece Naciones Unidas, entran las de corta duración. “Los Estados tienen la obligación de revelar el paradero de las personas que se encuentran privadas de la libertad; de mantenerlas en lugares de detención oficialmente reconocidos; y de proporcionar información sobre su detención, de manera rápida y precisa, a su familia, a sus abogados, o a otras personas con un interés legítimo”, dice el organismo en un comunicado que reúne la visión de expertos difundido en 2016.
En los informes de la Misión de Determinación de Hechos, que el Gobierno de Venezuela ha rechazado, se registra esta práctica en otros casos, al igual que la detención de familiares de la persona señalada como una manera de ejercer presión o forzar una declaración de culpabilidad. “Esto hace parte de la ejecución de un patrón que sostenidamente se ha ejecutado en Venezuela, extender la persecución a su grupo familiar. Esta es una forma de tortura, esto es un mecanismo para quebrar a quien está privado de libertad, para someterlo a auto incriminarse en esa necesidad humana de proteger a su entorno familiar”, denunció Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, durante la manifestación ante al Alto Comisionado de Naciones Unidas.
El fiscal Saab señaló en el caso de la hija de San Miguel, Miranda Díaz San Miguel, su ex pareja Víctor Díaz Paruta y sus hermanos de la abogada Alberto y Miguel San Miguel, presentados en la misma audiencia, fueron excarcelados con libertades condicionadas por supuestamente haber obstruido a la justicia, aunque no precisó sus cargos.