Vinculan a proceso por peculado a segundo colaborador de Rubén Moreira

El ex director general estatal de Adquisiciones, Nazario Iga, fue vinculado a proceso penal este viernes, por un presunto desvío de recursos federales que ascendería a 475 millones de pesos,

Los recursos serían correspondientes al Programa de Fortalecimiento Financiero, entre enero y mayo de 2016, lapso en el cual la Secretaría de Finanzas estatal pagó esa cantidad por presuntos servicios de asesoría y estudios a 18 empresas, a través de contratos de adjudicación directa.

El imputado, quien dejó el cargo en 2017, después de ser inhabilitado por dos años ante una resolución de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila por irregularidades administrativas, podrá seguir el juicio en libertad luego de que el juez Benito Hernández le concedió el beneficio de libertad con firma periódica, al menos cada dos semanas.

Al comparecer en la audiencia inicial, Iga aseguró que durante el gobierno de Rubén Moreira (2011-2017), el subsecretario de Administración y Finanzas, Julián Montoya, se encargaba de armar y entregar los expedientes, y él se limitaba a firmar los documentos correspondientes.

Sostuvo que el subsecretario solicitaba los recursos para cubrir los pagos a las empresas contratadas, y el titular de la Secretaría de Finanzas, Ismael Eugenio Ramos, también vinculado a proceso por el mismo juez, autorizaba el pago correspondiente.

En la audiencia, que comenzó a las 17 horas del jueves y terminó después de las 5 de la madrugada del viernes, quedó en claro a las partes involucradas que la comparecencia del subsecretario Montoya era imposible de desarrollar, pues falleció el 8 de julio de 2018 por un cuadro de insuficiencia respiratoria. En esa fecha era titular de la Tesorería del Congreso del estado, y tenía 41 años de edad.

El juez concedió a la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, seis meses para la audiencia complementaria para la aportación de pruebas, y al imputado, el beneficio de libertad con firma periódica.

La Jornada

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